Los trabajadores del sector público que el pasado viernes fueron obligados a vender sus renuncias, plantearán hoy ante la Corte de Justicia del Guayas un recurso de acción de protección para que se los reintegre a sus puestos de labores.

Cirujanos, médicos especialistas, generales, enfermeras, así como personal administrativo que recibieron durante la mañana del pasado viernes las resoluciones con las que delegados del Ministerio de Relaciones Laborales les notificaban sobre el cese de funciones, se concentrarán a las 10:00 en los bajos del Palacio de Justicia para interponer el recurso.

Los servidores públicos que en su mayoría son trabajadores del hospital Abel Gilbert Pontón, ubicado en el suroeste de Guayaquil, estarán representados por Lenin Hurtado, dirigente del Movimiento Popular Democrático (MPD) y luego de entregar el recurso realizarán una marcha hasta las instalaciones del Ministerio de Relaciones Laborales, ubicado en Malecón y Olmedo.

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Según Hurtado, en el despido de los galenos se han violentado múltiples derechos con el argumento de que es una resolución basada en el Decreto 813, que reforma la Ley Orgánica del Servicio Público.

“Se han inventado una figura que no existe, ‘la compra de renuncias voluntarias obligatorias’, eso es una farsa para despedir a los trabajadores públicos con la finalidad de colocar a otras personas”, dijo Hurtado.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Laborales, cerca de 3.500 empleados públicos deberán renunciar obligatoriamente. Para hoy se tiene previsto que continúen las compras de renuncias.

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José Arellano, vicepresidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), indicó que se teme que estos despidos se extiendan a otras entidades como la Universidad de Guayaquil, Función Judicial e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Para horas de la tarde la Federación Médica Ecuatoriana realizará un plantón en la plaza Rocafuerte, la concentración se dará desde las 16:00.

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Además su presidente Orly Oyague hizo un llamado a los médicos que no firmen las renuncias a sus cargos hasta asesorarse legalmente.

Carla Abad Ramírez, quien desde hace diez meses fue contratada para el área de ginecología del hospital Abel Gilbert Pontón y que el pasado viernes fue despedida pese a que está embarazada de tres meses, se negó a firmar su renuncia.

“No soy la única en el hospital, fuimos despedidas cinco mujeres embarazadas y violaron nuestros derechos ya que la ley nos ampara, sin embargo, el viernes al personal del Ministerio de Relaciones Laborales no le importó nuestro estado y nos dijeron que teníamos que dejar el cargo, porque el decreto no hacía excepciones”, dijo la ginecóloga.

Agregó que fue removida mientras realizaba una cirugía y que del área de ginecología se despidieron a 15 médicos, por lo que se tuvo que transferir a las pacientes embarazadas a la maternidad del Guasmo y Mariana de Jesús.

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En tanto, el asambleísta Jorge Escala (MPD) anunció ayer que a través de su bloque iniciará un juicio político contra el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa.

De acuerdo al legislador Escala, el funcionario vulneró los derechos establecidos en la Constitución de la República y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Además realizó un pedido a la Corte Constitucional para que se trate de forma inmediata la denuncia de inconstitucionalidad presentada por el bloque en contra del Decreto 813.

En tanto, los galenos despedidos consideran que hoy se generará un caos en los hospitales ya que la atención de consulta externa se verá afectada por la falta de especialistas para atender a los pacientes.