Jaime Neira, fiscal de San Lorenzo, cantón del norte de Esmeraldas, afirma estar convencido de que cuando se desarrollan operativos importantes hay fuga de información, sea de determinados policías y hasta de algunos jueces. Por eso, señala, para un allanamiento se planifica la acción entre dos fiscales. Uno llega con la Policía cerca del sitio de ejecución, el otro va donde el juez. En el momento en que este firma las órdenes de captura y allanamiento, el fiscal llama, desde la misma oficina, a su colega, para decirle que proceda. "Así no se da tiempo a que se enteren los imputados y fracase el plan".

Pese a que el fiscal debe presentar las pruebas para imputar y llevar a juicio y a una posterior sentencia a un presunto delincuente, Neira afirma que en su jurisdicción los abogados defensores de los implicados y algunos jueces impiden que los procesos lleguen a una sentencia.

Cita el caso de la captura de un cargamento de 1,5 toneladas de clorhidrato de cocaína en una hacienda de la parroquia Borbón, en el cantón Eloy Alfaro, en enero pasado. La droga estaba enterrada en un gallinero y en una plantación de esa hacienda. Cuatro personas fueron detenidas: Carlos Marchán Valencia, Jairo Quevedo Mendoza, Jairo Moña Tobar, Walter Quevedo Marcillo y Pablo Muñoz Andrade, quienes se encargaban de la recepción, almacenamiento y ocultamiento del alcaloide.

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Hace un mes, la mayoría salió libre. Neira dice no entender cómo el Tribunal 2º de Garantías Penales de Esmeraldas absolvió al dueño de la finca y solo sentenció, como encubridor, a Walter Quevedo Marcillo, hijo de este, a una pena de 18 meses de cárcel. Él acusó a todos los detenidos como autores, según dice con pruebas. Critica, además, porque la resolución se hizo conocer a su fiscalía, en forma extemporánea y ya no pudo apelar.

"¿Para qué investigamos, para qué nos arriesgamos nosotros?", cuestiona el fiscal, quien indica que en esta zona se presenta otro problema: de cada 20 órdenes de prisión, al menos 15 reciben medidas cautelares y no van a la cárcel.

Ese cuestionamiento también ha hecho el alcalde de San Lorenzo, Gustavo Samaniego. El juez 6º de Garantías Penales, Segundo Caicedo, con jurisdicción en San Lorenzo, responde que actúa según la ley y que las medidas cautelares se aceptan por petición del fiscal. Caicedo presenta copias de denuncias entregadas a Washington Pesántez, anterior fiscal general, donde le hace conocer supuestas irregularidades del fiscal Luis González, como las de no acusar a conocidos delincuentes.

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Mientras esta polémica no se dilucida, ciudadanos de San Lorenzo y el propio fiscal Neira señalan que en las últimas semanas se han presentado casos de extorsión y asaltos en la vía San Lorenzo-Esmeraldas. Este cantón es estratégico por ser fronterizo con Colom-bia y en su territorio en los últimos años se han hecho capturas de grandes cantidades de droga, laboratorios y plantaciones de coca. La violencia, especialmente muertes al estilo sicariato, registra los niveles más altos de la provincia.

El juez Caicedo incluso afirma que supuestamente un contratista de arreglo de calles dejó abandonada la obra porque estaba cansado de pagar la vacuna (extorsión). "Pero eso no se denuncia", dice Caicedo.

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Este tipo de delito se presentaría en la mayoría de cantones y no solo contra contratistas, sino contra comerciantes y hasta empleados municipales, como denunciaron hace una semana algunos funcionarios de Rioverde. No se denuncia por temor, según jueces y fiscales.