AFP
QUITO.- El empresario Fabricio Correa, hermano del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, declaró el martes ante la Fiscalía que investiga un escándalo por unos contratos que suscribió con el Estado, informó este organismo judicial.

Correa rindió una "versión libre y voluntaria dentro de la indagación previa" que se inició sobre esos negocios a partir de una denuncia de los asambleístas opositores Jorge Escala y Luis Villacís, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Los políticos acusan de presuntas irregularidades a varias autoridades y funcionarios "responsables de la suscripción de los contratos con las empresas en las que Fabricio Correa es accionista y/o propietario", agregó.

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Los legisladores Escala y Villacís también declararán este miércoles ante la Unidad de Indagaciones Previas e Instrucciones Fiscales.

Su denuncia está basada en el informe de una veeduría ciudadana que calculó en 700 millones de dólares el monto de los tratos entre el hermano del mandatario y el Estado, el cual habría sufrido un perjuicio por 143 millones de dólares.

El presidente Rafael Correa rechaza que supiera de esos negocios, pues, según él, se hicieron a través de "testaferros y empresas fantasma", y en su defensa evoca que, una vez se enteró, procedió a su terminación unilateral y anticipada a mediados de 2009.

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Tras esa medida, el empresario se declaró en oposición a Correa y fundó un movimiento político a nombre del cual no descarta postularse a la presidencia en 2013, cuando su hermano podría presentarse a la reelección.

Los contratos fueron revelados por el diario Expreso en un trabajo que dio origen al libro "El gran hermano", a raíz del cual el gobernante demandó por daño moral a sus autores, los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, a quienes reclama una indemnización de diez millones de dólares.

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Según el mandatario, en ese libro se le acusa de haber estado al tanto de los tratos, pero los autores aseguran que esa versión se desprende de lo dicho por varias fuentes, incluido Fabricio Correa.

Los periodistas, que contrademandaron al presidente, cifran los contratos en 167 millones de dólares, de los cuales unos 120 millones fueron otorgados por contratación directa.