AGENCIAS
LA PAZ.- Bolivia se prepara para una inédita elección popular para escoger hoy a 56 autoridades judiciales, en un proceso seriamente cuestionado por la oposición y que permitiría al gobierno tomar el control sobre el Poder Judicial, según consideran analistas.

Los bolivianos deberán decidir sobre listas de magistrados que fueron elegidos por el Congreso (conformado en 2/3 por parlamentarios del oficialista Movimiento al Socialismo MAS), en un proceso en el que estaba prohibido hacer campaña electoral.

La elección que se cumple hoy ha sido impulsada por Morales como una medida clave de una 'refundación' del país y en la que aspira a obtener una victoria del 70%.

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La oposición de derecha, centro y centroizquierda consideran que nombrar a las principales autoridades judiciales por voto popular permitirá al gobierno controlar la justicia, y por ello han convocado a la población a anular el voto.

En esta jornada, unos cinco millones de bolivianos están llamados a elegir a 56 ministros del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura sobre 122 candidatos, en el marco de la nueva Constitución aprobada en el 2010.

Hasta ahora, los ministros del Poder Judicial eran elegidos en el Congreso, por acuerdo entre sus miembros.

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Votar nulo "es decirle al presidente Morales que rechazamos que la justicia se siga manipulando, para evitar que el gobierno utilice a la justicia para meter a la cárcel a todos los opositores", dijo el diputado de centroderecha Jaime Navarro.

A la oposición le preocupa que muchos de los candidatos tienen evidentes lazos con el gobierno, como funcionarios públicos o como asesores de sindicatos campesinos leales al presidente Morales.

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"Con estas elecciones se acabó el cuoteo de los partidos neoliberales que se distribuían la justicia, ahora el pueblo va a elegir", dijo recientemente el vicepresidente Álvaro García, respondiendo a las críticas.

Pero Jorge Lazarte, analista, investigador y exvocal del Tribunal Electoral, refiere que esta elección tiene el riesgo de llevar "a resultados contraproducentes respecto al objetivo de devolverle confiabilidad al Poder Judicial".

Precisa que ha habido "poca información, prohibiciones para realizar campañas, un padrón electoral no auditado, la ausencia de delegados de partidos en las mesas de votación y un tribunal supremo (electoral) muy afín al gobierno".

Todos esos antecedentes empujaron a la oposición a impulsar la campaña por el voto nulo. "Si bien los votos nulos no valen legalmente, sí pueden causar un efecto negativo para el gobierno que ha apostado con todo para estas elecciones judiciales", refiere el diputado de derecha Osney Martínez.

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"Los resultados pueden poner al gobierno en situaciones extremadamente difíciles", sobre todo en el caso de "que los votos negativos sean superiores a los positivos", interpreta el analista Lazarte.

El proceso electoral también se ha visto afectado por una marcha de indígenas que se dirige a La Paz, desde hace más de un mes, en rechazo a una carretera en la reserva ecológica del Tipnis en el centro del país.

Los intentos oficiales por frenarla, incluso con el uso de la policía, solo desataron críticas hacia el mandatario indígena, quien ha negado haber ordenado la represión policial que dejó al menos 70 heridos. Ayer, los nativos presentaron una demanda contra el gobernante para que sea enjuiciado por genocidio.

El gobierno de Morales planteó esta elección para devolver confianza al Poder Judicial pues, argumenta, en el pasado los magistrados eran designados por acuerdos entre los partidos políticos. Además ha reivindicado que el proceso incluye la elección de indígenas y de mujeres.

La oposición también cuestiona el desconocimiento de la población de los candidatos.

Los 122 candidatos aparecen con su foto y un número identificativo en la más grande papeleta electoral que se haya visto en Bolivia (90 centímetros por 50). De los candidatos no se puede conocer más información que su ficha biográfica y profesional.

Los sondeos de opinión han dado cuenta del marcado desconocimiento que tiene la ciudadanía sobre los aspirantes a esos cargos.

El desconocimiento ciudadano es consecuencia también de las normas adoptadas por las autoridades electorales, que prohibieron el proselitismo y dieron pautas a los medios de comunicación para realizar programas de presentación de los 122 candidatos en igualdad de oportunidades, en cuanto a horario de programación, tiempo de entrevista y similares preguntas, publicó el diario español El País.

Los trabajadores de prensa también objetan el proceso electoral por considerarlo como anticonstitucional y antidemocrático.

Los periodistas señalan que el proceso electoral vulnera el derecho a la comunicación y a una información completa veraz, adecuada y oportuna. "El pueblo boliviano no accede a un verdadero derecho a la información", indican.

Ese desgaste, sumado a un clima de indiferencia ciudadana, hacen difícil un pronóstico para las elecciones. "Estás en juego la fortaleza de la democracia, la estabilidad y gobernabilidad del gobierno de Morales y el futuro de la justicia... No es un buen momento para Morales. Tomó decisiones que lo han desgastado", sostuvo el analista político Carlos Cordero.

En efecto, las aspiraciones de Morales no van acorde con las encuestas. El 55% de los bolivianos reprueba al presidente, frente al 35% que lo apoya, según un sondeo divulgado ayer, en víspera de las elecciones en las que la oposición denunció "peligro de fraude".

Más datos: Reformas y conflictos
Evo Morales
Presidente de Bolivia
"Con el sí vamos a batir récord... Vamos a defender (las elecciones judiciales), por eso estamos por el sí".

Juan del Granado
Jefe del Movimiento Sin Miedo
"Tenemos que votar No para repudiar, pero además para reafirmar nuestro derecho a decidir".