Nicolás Pérez Lapentti y las compañías N. Pérez Investments, LLC y N. Pérez Holdings, LLC enviaron el pasado 7 de octubre un comunicado a la Procuraduría General y al Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que se notifica al Estado ecuatoriano sobre la existencia de una controversia en materia de inversión, originada tras la acción penal por injurias que el presidente Rafael Correa lleva contra EL UNIVERSO, sus accionistas y el exeditor de Opinión, Emilio Palacio.

La controversia se da en el marco del Tratado para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América (TBI), suscrito entre ambas naciones.

En un comunicado, la Procuraduría indicó que “de conformidad con el artículo VI (3) del TBI suscrito entre el Ecuador y los Estados Unidos, cuando se presenta una diferencia en materia de inversión, se contempla un periodo de seis meses de consultas y negociaciones directas entre las partes”.

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Se agrega que “el inicio de este periodo de consultas y negociaciones previsto en el TBI no implica el reconocimiento de ninguno de los hechos alegados en la comunicación de existencia de controversia”.

En la notificación, Pérez y sus empresas argumentan que este Diario está protegido por el tratado, ya que Pérez Lapentti, presidente de la Compañía Anónima EL UNIVERSO, posee la doble nacionalidad ecuatoriano-americana y que las empresas ya citadas –constituidas en el estado de Florida– tienen el 33% de las acciones del medio de comunicación.