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CARRASCO, Bolivia. Indígenas de la Amazonía que marchan en su ruta hacia La Paz contra la construcción de una carretera.

A comienzos del 2010, el presidente de Bolivia, Evo Morales, iniciaba su segundo mandato con un fuerte respaldo popular, tras ser reelecto con el 64% de los votos. Menos de dos años después, el primer mandatario indígena del país enfrenta una revolución desde el lugar menos esperado: su propia base electoral. Y la principal culpable es una carretera.

El problema se le presentó cuando indígenas amazónicos que impulsan una marcha contra la construcción de una carretera en la selva del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), sufrieron una brutal represión policial el pasado 25 de septiembre, cuando estaban a 300 kilómetros en su ruta hacia La Paz, provocando un rechazo general que lo puso contra las cuerdas.

El conflicto podría derivar en una desestabilización e incluso marcar el principio del ocaso del mandatario, quien ha sido el político con mayor respaldo electoral en más de medio siglo en el empobrecido país, advierten analistas.

Tras la represión, los indígena fortalecidos por una ola nacional de solidaridad que incluyó un paro convocado por la Central Obrera Boliviana, decidieron continuar con la marcha que hoy cumple 55 días y tiene previsto llegar a la sede del gobierno en los próximos días.

Analistas consideran que la represión policial contra los indígenas afectó la credibilidad y legitimidad de Morales, presionado a rectificarse por sus bases sociales tal como aconteció con el ‘gasolinazo’ en diciembre del 2010, cuando su popularidad cayó al 30%.

En ese entonces, el anuncio del alza del precio de los carburantes de mayor consumo de hasta un 82% provocó una oleada de protestas en todo el país que obligaron a Morales a anular la medida días después.

Mientras, el conflicto sobre el Tipnis le significó una caída en su popularidad del 37%.

“El Gobierno ha perdido legitimidad, ha perdido la base de sustentación discursiva indígena y coloca en una situación muy complicada a la propia estabilidad de su gabinete que está siendo fuertemente cuestionado por las políticas que está implementado”, dice el politólogo Jorge Kafka, quien agrega que “se están rompiendo los lazos que tenía con los movimientos sociales y las organizaciones de carácter indígena”.

En efecto, las repercusiones de la represión también tuvieron efectos en el gabinete de gobierno con la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, quien renunció en protesta por la violencia ejercida; a ella se sumó la salida de otros funcionarios.

El analista y docente Jorge Lazarte sostiene que “estas podrían ser” las movilizaciones “más grandes” que se han producido en el país en contra del gobierno de Morales. “Hay una ruptura entre un Gobierno y su base indígena... Por tanto, se ha precipitado una etapa de ocaso del Gobierno (...), por primera vez en los últimos años se ha escuchado gritar a la gente que este Gobierno se vaya, esto es lo grave”, afirma.

Mientras, Franklin Pareja, profesor de ciencia política de la Universidad estatal de La Paz, refiere que la ola de solidaridad con los indígenas está creando ”una conciencia nacional de muchos sectores que puede empezar a desestabilizar una gestión que está demostrando una gran impostura”.

En su opinión, el problema de fondo radica en la contradicción entre la nueva Constitución indigenista, impulsada por Morales, y la gestión gubernamental.

“El Gobierno no ha podido dimensionar la cantidad de privilegios y de derechos que estaba otorgando a los indígenas y, ahora que quiere tomar medidas desarrollistas, recién se da cuenta de que el haber concedido un exceso de derechos es lo que le está haciendo inviable sus políticas”, añade.

Entre esos derechos extraordinarios otorgados por la Constitución del 2009 destacan el derecho a la consulta sobre la explotación de recursos naturales y representación garantizada en los poderes Legislativo, Judicial y Electoral.

Morales, de la etnia aimara del occidente andino, había enfrentado dura oposición de sectores conservadores, pero no de los pueblos “originarios” a los que dice representar.

Los amazónicos, que demandaban inicialmente ser consultados sobre el proyecto, exigen ahora una ley que garantice que la obra no pasará por el Tipnis, el parque de 1,2 millones de hectáreas en el centro del país que es su propiedad colectiva.

Morales anunció la suspensión temporal del proyecto carretero y propuso un referendo para consultar a la población sobre uno de sus emprendimientos más ambiciosos.

El líder indígena pidió perdón a los suyos por la brutal represión policial, lo que no ha convencido a los manifestantes, quienes rechazan la consulta.

Morales negó haber ordenado la represión y acusó a varios medios de comunicación de distorsionar lo sucedido.

“El mal manejo del conflicto ha afectado la popularidad del presidente y la credibilidad del ciudadano respecto al Gobierno”, dice el profesor universitario Carlos Cordero, tras asegurar que se está ante la “emergencia de una crisis política” que se espera “no derive en hechos mayores”.

Agrega que al Gobierno le “va a ser difícil recuperar esa confianza porque ejercer violencia contra el desvalido causa mucho malestar y resentimiento en la opinión pública”.

Según este analista, “el conflicto no se resuelve con el anuncio de la suspensión temporal de las obras de la carretera. Da la impresión de que el conflicto va a seguir”, indica en alusión a las múltiples manifestaciones de protesta surgidas en toda Bolivia.

Los analistas también advierten que el conflicto con los indígenas puede influir negativamente en una inédita elección judicial el 16 de octubre próximo, una reforma clave del mandatario izquierdista.