- OCT. 09, 2011 - Foto - Economía - EL UNIVERSO
QUITO. En la dirección que consta en las facturas de la funeraria San Daniel funciona un edificio familiar en el que no se prestan servicios exequiales.
Según la auditoría, la funeraria Terán Jiménez, de Guayaquil, no presenta la infraestructura necesaria.
Una auditoría realizada por la firma Management Consulting Stern (MCS) en este año concluyó que el contrato suscrito entre Seguros Sucre y la empresa de servicios exequiales Seprofin no cumplía con las cláusulas acordadas y dejaba –tras el análisis de una muestra de la facturación– un perjuicio millonario al Estado.
El informe final, presentado el 29 de agosto pasado por pedido de la aseguradora, reveló que en el primer semestre del 2011 hubo “sobrefacturación” y “refacturación” por unos $ 3 millones, dinero que corresponde a la cobertura de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y de los pensionistas de los programas de adultos mayores y de personas con discapacidad, identificados por el Ministerio de Inclusión Social (MIES) como los sectores más pobres.
En octubre del 2009, con Óscar Herrera como gerente de la aseguradora, Seprofin inició sus operaciones, que consistían en garantizar los servicios exequiales. Es decir: si alguno de los beneficiarios de los programas del MIES fallecía, tenía que proveer a los deudos, de manera gratuita e inmediata, el cofre mortuorio, el nicho y el traslado del cuerpo.
Por estos servicios, durante el 2010 la empresa recibió entre $ 0,37 y $ 0,42 por cada inscrito en el Programa de Protección Social (PPS).
Así, el año pasado Seprofin, cuyo representante legal es Santiago Cuesta Caputi, recibió $ 8,2 millones y atendió 13.323 defunciones, según los datos de Seguros Sucre.
Para el 2011, el actual gerente de Seguros Sucre, Maximiliano Donoso, planteó un nuevo contrato. Esta vez se contemplaba el pago mensual a favor de Seprofin del 2% de la facturación de casos atendidos.
El mecanismo: Seprofin debía coordinar los servicios a través de una red de funerarias en todo el país y luego presentar las facturas a Seguros Sucre, añadiendo el porcentaje del 2% que le correspondía como comisión.
Para ello, en enero la empresa contrató los servicios de cuatro funerarias: San Daniel, en Quito; Terán Jiménez, en Guayaquil, Valdez, en Manabí; y Gonzalo Mendoza, en Chimborazo. Estas se encargaban, a su vez, de subcontratar a otras en cada cantón.
¿Con qué criterios se contrató a las cuatro intermediarias? Santiago Cuesta explicó que dada la inmediatez con que se deben prestar los servicios exequiales seleccionó a las cuatro por su agilidad en la gestión y porque es difícil conseguir funerarias con todos los documentos en regla, como el Registro Único de Contribuyentes, debido a la informalidad de este sector. Reconoció que no hubo concursos, pues se trataba de una decisión privada, señaló.
Sin embargo, desde que entraron a la red las cuatro intermediarias empezaron a surgir denuncias. En la muestra recabada por la auditoría de MCS se pone el ejemplo de Luiggy Rodríguez, gerente de la funeraria Nazaret, de El Carmen (Manabí), quien el 7 de abril pasado denunció ante la ministra Ximena Ponce que se les había recortado el monto que les pagaba por el nicho y la capilla ardiente.
A partir de esas quejas, la auditora inició la investigación de 160 facturas de Manabí, lo que representa apenas el 2% de las presentadas por Seprofin a Seguros Sucre a nivel nacional, entre enero y junio de este año. Encontró, por ejemplo, el caso de un fallecimiento en el que los servicios exequiales fueron ofrecidos por la Asociación de Desarrollo Social San Antonio a un costo de $ 344. La factura fue extendida a nombre de Yony Delgado, representante de una de las cuatro funerarias seleccionadas por Seprofin.
Sin embargo, Delgado le pasó a Seprofin –y luego a Seguros Sucre– una factura por $ 682. A esto, la auditoría le llama refacturación y sobrefacturación, un problema que también fue identificado en otros casos. La conclusión de esta muestra fue que hubo un sobreprecio del 241% en promedio.
En el primer semestre, se atendieron un total de 7.857 casos, todos a través de las cuatro funerarias que, en realidad, hacían el papel de intermediarias. Por este servicio, Seguros Sucre tuvo que pagar a Seprofin $ 5,3 millones.
Según Management Consulting Stern, el valor real del servicio prestado (o cobrado por las funerarias que efectivamente recibieron a los cuerpos) fue de $ 2,3 millones, incluida la comisión por administración, por lo que el perjuicio al Estado, que es quien financia la póliza en Seguros Sucre, alcanza los $ 3 millones.
Pero el informe de la auditoría concluyó, además, que la dirección de la funeraria San Daniel (Quito) corresponde a un edificio familiar, en donde no se prestan servicios exequiales; que la funeraria Valdez (Portoviejo) era una ebanistería; que la funeraria Terán (Guayaquil) no tenía la infraestructura necesaria, y que la única que cumplía con las exigencias era la funeraria Gonzalo Mendoza (Riobamba).
Los resultados del estudio de MCS fueron presentados en septiembre pasado y le sirvieron al gerente de Seguros Sucre, Maximiliano Donoso, como argumento para terminar unilateralmente el contrato con Seprofin. Santiago Cuesta explica que no hay ilícito alguno, que la contratación de las cuatro intermediarias era válida.
Tras el rompimiento del contrato, Seprofin pidió a través de un juez la destitución del gerente de Seguros Sucre. El fallo le dio la razón a la empresa, pero la aseguradora exigió la revocatoria de esa decisión. Donoso, mientras tanto, sigue en funciones y la pugna persiste.
2,3
MILLONES DE DÓLARES
Es el monto real que, según la auditora MCS, costaron los servicios exequiales prestados a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y de los programas para adultos mayores y para personas con discapacidad entre enero y junio de este año.
5,3
MILLONES DE DÓLARES
Es el monto que Seguros Sucre pagó por los servicios exequiales de Seprofin.