Función Judicial, en estado de excepción, anuncia movilización de recursos

QUITO
.- Vea el decreto N° 872 de estado de excepción en la Función Judicial

El Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) anunció esta mañana que hará la respectiva movilización de recursos y de personal, durante el estado de excepción en el que se encuentra desde ayer.

Durante una rueda de prensa, dada a las 08:30 de este martes, la comisión tripartita indicó que movilizará el personal necesario a otras provincias con el pago de
horas extras, pues los resultados de la consulta le permiten hacerlo.

Paulo Rodríguez, presidente del CJT, señaló que la entidad pidió a Correa que emitiera el decreto, que según él, permite que "la función de justicia pueda movilizar oportunamente los recursos económicos para realizar las contrataciones" de obras civiles, de tecnología, del modelo de gestión y del personal.

Por su parte, el consejero Fernando Yávar enfatizó que el decreto no influirá en el trabajo de los jueces, quienes podrán realizar su trabajo con "total independencia a nivel nacional".

La Función Judicial estará en estado de excepción por 60 días a nivel nacional. El presidente Rafael Correa lo dispuso ayer a través del decreto 872, en el que se indica que el fin es resolver la situación crítica de la justicia y garantizar el acceso a la justicia y así "prevenir una inminente conmoción interna".

Para ello se movilizará a nivel nacional a todo el personal que labore en los distintos juzgados y cortes, para garantizar el acceso a la justicia. La acción prioritaria es poner en ejecución el Plan de Transformación de la Justicia. Para ello se dispone la movilización de recursos del Ministerio de Finanzas.

La disposición del Ejecutivo surge, detallan los considerandos del documento, por pedido del director del CJT, Paulo Rodríguez, quien en nueve puntos señala que no se cuentan con sistemas informáticos para generar una información sólida, no se han sostenido procesos de negociación; las estructuras orgánico funcionales no se compadecen con las exigencias ciudadanas; los procedimientos no han tomado en cuenta el desarrollo tecnológico; entre otras, que todo esto ha generado el represamiento de un millón doscientas quince mil causas.

El lunes pasado, Tania Arias y Rodríguez se reunieron con el mandatario para solicitar $ 600 millones para lo que será la reestructuración de la justicia.

Para los 18 meses de plazo que tendrá el Consejo Transitorio se requerirán $ 400 millones, informó Rodríguez. Y para atenderla en su totalidad, hasta dos años después, se requerirán los $ 200 millones restantes.

Este monto irá a infraestructura, tecnología, talento humano. Según Rodríguez, al momento cuentan con $ 22 millones que les asignó el Ministerio de Justicia.