QUITO
.- El juez quinto de Garantías Penales de Pichincha, Raúl Martínez, convocó a juicio, por el delito de sabotaje a los servicios públicos o privados, a los trece implicados en la irrupción en el canal gubernamental, Ecuador TV, ocurrida en la noche del pasado 30 de septiembre, en paralelo con la insubordinación policial.

El delito de sabotaje determina una sanción de entre ocho y doce años de reclusión y una multa de 87 a 175 dólares.

En su providencia, Martínez ratificó la orden de prisión preventiva para varios acusados, mientras para otros mantiene la sustitución de esa medida por la presentación semanal ante el juez de la causa.

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Paralelamente, el juez ordenó el embargo de los bienes y la prohibición de salida del país para los trece implicados en este caso, registrado la noche del 30 de septiembre del 2010.

Con la resolución, Martínez acogió el dictamen fiscal que ratificó la tesis del Gobierno de que existió una conspiración para deponer al régimen del presidente Rafael Correa durante la insurrección policial del 30 de septiembre (30-S).

Ello, debido a que la Fiscalía dijo contar con los elementos suficientes que confirman que con la irrupción de esas personas en contra de los medios públicos se pretendió generar un caos social.

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Los convocados a juicio son: Max Marín, Paúl Camacho, Pablo Guerrero, María Alejandra Cevallos, Francisco Endara, Patricio Fajardo, José Guerrero, Galo Monteverde, Víctor Erazo, María Crespo, Nery Proaño, Juan Carrasco y Xavier Montesdeoca,

Respecto de los procesados que, supuestamente, estarían prófugos: José Guerrero, María Crespo, Nery Proaño, Juan Carrasco y Xavier Montesdeoca, el juez ordena la prisión preventiva para asegurar su comparecencia al juicio, mientras para Pablo Guerrero Martínez ordenó prisión preventiva por haber incumplido la presentación semanal ante el juez.

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Sobre los prófugos, el juez dispone la suspensión de la etapa de juicio hasta que los acusados sean detenidos o se presenten voluntariamente.

En su pronunciamiento, Martínez confirma, además, las medidas sustitutivas a la prisión preventiva en favor de Marín, Camacho, Cordero, Endara, Fajardo, Monteverde y Erazo, y niega el pedido de sustitución realizado por otros tres procesados.

Según la Fiscalía, la incursión y los daños ocasionados en el ingreso violento a los medios de comunicación públicos, que interrumpieron la programación del canal y el estado de emergencia decretado, generaron caos, y determinó que en el 30-S había cinco fallecidos, entre ellos, Froilán Jiménez.

Las motivaciones de las personas que se encuentran acusadas fueron, según la Fiscalía, subvertir el orden público en momentos en que había conmoción nacional con la toma de cuarteles, desmanes en las calles, saqueos, cierre de colegios y de la atención de la banca y oficinas públicas, debido a la insubordinación policial del 30 de septiembre del 2010.

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Todo ese desorden, sostuvo Benítez, fue justificado con la defensa de los derechos humanos y de la Policía Nacional, por el retiro de prebendas.

Una vez ejecutoriada la resolución del juez Raúl Martínez, el expediente del proceso será remitido a la sala de sorteos de la Función Judicial, para que el caso pase para sentencia a uno de los tribunales penales de Pichincha.

Intelectuales

Materiales

Como autores materiales fueron acusados: Juan Carrasco, Galo Monteverde, Víctor Erazo, Paúl Camacho, Francisco Endara, Max Marín, María Crespo, Nery Proaño y Patricio Fajardo.