Una moratoria de tres semanas pidió ayer el presidente del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), Paulo Rodríguez, frente a las críticas desatadas al proceso de depuración y posterior reemplazo de jueces en el país.

Los cuestionamientos a la renovación parcial de jueces para el periodo de transición surgieron a propósito del retorno a la Función Judicial de jueces cesados por su presunta designación ilegal y la elección de otros con supuestas vinculaciones políticas.

Con la moratoria planteada ayer por Rodríguez, el Consejo Transitorio pretende ganar tiempo para mostrar los resultados de su trabajo de selección de nuevos jueces en todo el país, así como por la aplicación de los seis ejes de gestión: talento humano, modelo de gestión, infraestructura civil, infraestructura tecnológica, cooperación interinstitucional y gestión financiera equitativa.

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“Hablamos de una moratoria de confianza. ¿Por qué no nos dan un espacio de tiempo de tres semanas para que se empiece a ver nuestro trabajo? No vamos a parar ni un segundo la prestación de servicios. Déjennos trabajar...”, dijo.

De esta forma, Rodríguez explicó que el pleno del CJT en sus últimas reuniones resolvió reincorporar a Fausto Vázquez, conjuez al que cesaron el pasado 2 de agosto, en conjunto con otros 160 jueces y funcionarios judiciales a nivel nacional, debido a que los informes del Departamento de Recursos Humanos determinó evidencias de que se dieron nombramientos no fundamentados en derecho.

No obstante, Rodríguez explicó que las designaciones para el periodo de transición fueron propuestas por los jueces de las cortes superiores del país, tal como ocurrió con Vázquez, quien ocupaba el puesto de conjuez en la 3ª Sala Penal de la Corte de Pichincha, que tiene a su cargo el caso del mayor del Ejército Fidel Araujo, implicado en los hechos del 30-S.

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A más de Vázquez, quien ocupará el puesto de conjuez del área de lo Penal y Tránsito de la Corte de Pichincha, también fueron designados para esa misma especialidad Carlos Riofrío Corral, vinculado al Partido Social Cristiano y exmagistrado de la ex Corte Suprema de Justicia; Néstor Barrera Zavala y Fernando Real Ortiz.

Para el área de lo Civil y Mercantil fueron nombrados Natalia Jaramillo del Pozo, Luis Maldonado Verdesoto y Paúl Andrade Rivera; para la materia Laboral y de la Niñez, Oswaldo Moncayo Aguiar y Fred Larreátegui Russo.

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Para la provincia del Guayas del área Penal y Tránsito fueron designados Rafael Izurieta Brito, Helen Mantilla de Infante, Juan Carrión Maldonado, David Ayala Ponce, Stevie Gamboa Valladares; para el área de lo Laboral y de la Niñez, Geny Peralta Chávez.

También se designaron a los conjueces de Loja y Tungurahua. Delegado provincial por Pichincha fue designado Iván Escandón y delegados por Guayas, Mariela Dávila e Iván Espinosa Pino.

“Si fueron designados irregularmente, ahora se lo hizo en forma legal”, manifestó Rodríguez, al indicar que los nombramientos anómalos quedaron en el pasado y que los jueces cesados pueden concursar para captar un cargo en la Función Judicial.

A criterio de Rodríguez, las designaciones se hubiesen politizado si nombraban jueces por su condición o afiliación política y, en el caso de los actuales, fueron recomendados por un juez que asumirá la responsabilidad de la elección.

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Con ello, las designaciones están casi completas, ya que los puestos fueron llenados, en su mayoría, a nivel nacional, dijo.

A su juicio, los parámetros de independencia de la Función Judicial están dados en la concepción del trabajo; es decir, cuando dictan las políticas no analizan algo en particular, sino en la política institucional.

Explicó también que este fin de semana quedarán listos los reglamentos de los concursos públicos para la selección y designación de los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia, cuya convocatoria se cumplirá la próxima semana.

De los análisis preliminares, agregó Rodríguez, la conformación de la nueva CNJ estará lista en enero del 2012 y no en diciembre de este año como se dijo inicialmente.

Paralelamente, la magistrada de la Corte Constitucional, Ruth Seni Pinargote, será la encargada de preparar el informe de admisibilidad de la demanda de incumplimiento planteada por el Colegio de Abogados del Guayas, que piden la separación del vocal del CJT, Fernando Yávar, por incumplir el requisito de 10 años de ejercicio profesional. Ayer, el caso fue sorteado en el pleno de la Corte Constitucional.

Textuales: Vocales
Fernando Yávar
MIEMBRO DEL CONSEJO
“El objetivo es contar con un régimen de talento humano que garantice la carrera judicial y un sistema de remuneraciones por resultados”.

Tania Arias
VOCAL DEL CJ
“Los cambios permitirán superar la estructura económica oligárquica que en 15 años desmanteló al Estado”.