Con el pedido de aunar esfuerzos para garantizar el acceso a la justicia durante el proceso de reestructuración del Sistema Judicial, los miembros del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) pidieron el respaldo político del Gobierno y del resto de funciones del Estado para lograr el éxito en su labor.

El pedido lo hicieron durante el lanzamiento del plan de trabajo que la Judicatura tendrá durante los próximos 18 meses de gestión y que se efectuó en el Centro Cultural Itchimbía.

El acto contó con la presencia del vicepresidente de la República, Lenin Moreno; el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (AP), y demás autoridades del Estado.

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El plan, cuyo contenido ya había sido divulgado con anterioridad, se traduce en la aplicación de seis ejes: Talento Humano, Modelo de Gestión, Infraestructura Civil, Infraestructura Tecnológica, Cooperación Interinstitucional y Gestión Financiera Equitativa.

La primera exposición estuvo a cargo de la vocal Tania Arias, quien defendió el proceso de reestructuración, ya que se trata de un mandato popular dado a través del referéndum del pasado 7 de mayo, dijo, que sintoniza con el proyecto político del Gobierno con la justicia.

Según Arias, los cambios permitirán “superar la estructura económica oligárquica que en 15 años desmanteló al Estado y llevó a la diáspora a más de 3 millones de compatriotas”.

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Destacó que también suplirá la necesidad de una revolución política y jurídica que modifique el sistema político y registre cambios en la justicia.

Arias sostuvo que para conseguir estas metas había que lograr la sujeción del poder al Derecho y garantizar un orden jurídico independiente, “condición que no había podido realizarse en los 20 años anteriores de dominio neoliberal”.

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Durante su intervención pidió el apoyo a la Función Legislativa, organismo al cual le corresponderá introducir en nuevas leyes las reformas de estructuras judiciales y otras.

El mismo pedido tuvieron en sus alocuciones el presidente de Consejo Transitorio, Paulo Rodríguez, y el segundo mandatario, Lenin Moreno.

De su lado, el vocal Fernando Yávar señaló que el plan incluye la creación de alrededor de mil judicaturas pequeñas a nivel nacional, para lo cual se utilizarán los recursos necesarios, que serían de $ 400 millones.

Tras desearle éxitos en su función, la chilena Marigen Hornkohl, coordinadora de la Veeduría Internacional al Proceso de Reestructuración de la Justicia en Ecuador, indicó que al final de los 18 meses de gestión los observadores entregarán un informe público sobre el cumplimiento de indicadores, así como una síntesis de sugerencias al proceso.

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Textuales: Reacción
Fernando Yávar
MIEMBRO DEL CONSEJO
“El objetivo es contar con un régimen de talento humano que garantice la carrera judicial y un sistema de remuneraciones por resultados”.