Plan B, 'el mayor obstáculo' para que se concrete apoyo a Yasuní

Junio del 2007, día 5. El Gobierno ecuatoriano presenta a la comunidad internacional la Iniciativa Yasuní ITT (siglas en referencia a los bloques: Ishpingo-Tambococha-Tiputini, ubicados dentro del Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía), que propone mantener represado en el subsuelo unos 920 millones de barriles de petróleo a cambio de una compensación económica de al menos el 50% de lo que Ecuador percibiría como ingreso en caso de que las reservas fueran explotadas; es decir, $ 350 millones anuales.

Junto a esta propuesta, el mismo Gobierno anunció como condicionante al denominado Plan B: explotar. A ambos planteamientos se les dio un año como plazo. Si no se conseguía el dinero, Petroecuador convocaría a una licitación para explotar el campo.

Pero apenas días después, el 26 de julio, se dio el primer paso para la creación de la llamada Refinería del Pacífico (con capacidad para procesar 300 mil barriles de petróleo al día), cuando se incluyó a la estatal venezolana Pdvsa como socia del proyecto. La relación de esta construcción con la Iniciativa Yasuní ITT se evidenció cuando Petroecuador, a través de un documento de 37 páginas presentado a diferentes autoridades en abril del 2009 y al que accedió este Diario, incluye un mapa en el que se resalta que el destino final del crudo del ITT será dicha refinería.

Aunque Fander Falconí, excanciller y parte de la comisión impulsora de la Iniciativa Yasuní ITT, asegura que esta no es vinculante con el petróleo del Yasuní, y que no cree que su construcción sea un obstáculo para conseguir aportes internacionales. “Si no se cristaliza la iniciativa es porque no existe responsabilidad y corresponsabilidad de los países y de las sociedades ricas con el medio ambiente”, dice.

Pero la propuesta ambientalista mostraba falta de consistencia. Recién el 22 junio del 2008, un año después de haberse oficializado la Iniciativa, se dio inicio a la campaña promocional de recaudación económica. Pero al mismo tiempo, el directorio de Petroecuador, con la presencia del presidente Rafael Correa, puso un nuevo plazo, lograr dicho objetivo: 5 de octubre del 2008.

Septiembre del 2008, día 14. En Viena, el entonces ministro de Energía y ahora fiscal general, Galo Chiriboga, se reunió con miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y ratificó que si hasta enero del 2009 no se ‘levantan’ los fondos requeridos, se explotaría el crudo”.

Sin embargo, el mismo mes, el día 28, ganó el Sí en el referéndum constitucional, aprobándose la nueva Carta Magna, y con ella, el artículo 407, que prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles.

Este artículo, según Esperanza Martínez, coordinadora de la campaña Amazonía por la Vida y miembro de la Fundación Acción Ecológica, es lo único que Ecuador tiene a su favor. “Aún si no hay contribuciones económicas, el Parque Nacional Yasuní (PNY) no podría ser explotado”, dice. Sin embargo, el Plan B sigue vigente.

Febrero del 2009, día 5. Mediante Decreto Ejecutivo número 1579, se abrió un plazo indefinido para lograr la contribución demandada y se encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores ejecutar las acciones para lograr el objetivo.

Pero las contradicciones continuaron. En marzo del 2009, los días 24 y 25, durante un taller realizado en Quito sobre la propuesta Yasuní ITT, se reunieron 17 consultores técnicos contratados por la cooperación alemana y por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes presentaron sus informes sobre la viabilidad de una nueva propuesta presentada por el Consejo Administrativo y Directivo. La idea presentada entonces fue solicitar a los países desarrollados una compensación por el carbono no emitido como resultado de la no explotación.

Lo expuesto entonces fue un desacierto, según Martínez, pues con ello se ocasionó una confusión internacional. “Los mecanismos de conservación y de carbono se han puesto en duda internacionalmente, por eso Ecuador no debía mezclar la propuesta”, añade.

Mientras la Iniciativa Yasuní ITT tambaleaba, el Plan B avanzaba en su cronograma. Marzo del 2009, día 18. Petroecuador, Sinopec (China), ENAP (Chile) y Petrobras (Brasil) firman un memorándum de entendimiento para “el desarrollo y producción” del ITT.

Diciembre del 2009, día 9. Con 103 votos, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto que respalda la iniciativa de mantener bajo tierra las reservas del campo ITT, y exhortan a la comunidad internacional a contribuir con el Fondo Fiduciario como reconocimiento de la deuda ecológica de países industrializados. Ocho días después, Ecuador consiguió el apoyo y compromiso del PNUD, pero el 22 de diciembre del mismo año, Ecuador se niega a firmar el fideicomiso, en el marco de la cumbre sobre el cambio climático en Dinamarca.

Roque Sevilla, directivo de la iniciativa en aquella fecha, explica que una de las observaciones fue cambiar el término ‘países donantes’ por ‘países contribuyentes’; además del pedido de que Ecuador tenga mayoría en el comité directivo de la fiducia y el cuestionamiento sobre la extensión del área que se pretende proteger.

Pero, mientras tanto, en enero del 2009, día 9. En su enlace radial, el presidente Correa dijo: Saben qué señores (del Fideicomiso), vayan a mandar a su casa, cambien sus donaciones en centavitos y pónganse en las orejas porque nosotros no vamos a recibir órdenes de nadie... Si es así, quédense con su plata y en junio empezamos a explotar el ITT”.

A este tipo de comentarios, Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional y defensor del Yasuní, lo califica como una falta de consistencia y coherencia. “Un sábado dice que está a favor (de la Iniciativa Yasuní ITT) y el otro que impulsa la iniciativa B (explotar). El Gobierno no da señales confiables para que esto prospere. El actor más importante es el presidente, y la principal amenaza es él mismo”, asegura.

Cuando se cuestiona a Falconí sobre los contradictorios discursos de Correa, él se limita a responder que: Todo proyecto que demanda apoyo internacional requiere certezas y mensajes sólidos de apoyo.

Pese a todo, el 3 de agosto del 2010, se firmó el Fideicomiso Yasuní ITT entre el Estado ecuatoriano y el PNUD. Documento que serviría como instrumento financiero para receptar los aportes de naciones, organizaciones y ciudadanos, y que hasta febrero de este año ha recaudado $ 36’993.495 (cifra calificada como decepcionante por el presidente), según reportes oficiales emitidos por la ministra coordinadora de Patrimonio, María Fernanda Espinosa, encargada de promocionar la Iniciativa.

Pero entre anuncios de aportes y retiros económicos de Alemania, España, Francia, Bélgica... En marzo del 2011, en el marco de la conferencia regional Arpel 2011 (Asociación regional de empresas del sector petrolero, gas, biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe), el Ministerio de Recursos Naturales y la Subsecretaría de Hidrocarburos presentaron a inversores internacionales un plan de desarrollo que incluye la perforación de catorce pozos petroleros ubicados dentro del bloque 43, dentro del PNY. Por su lado, Ivonne Baki, jefa de la Comisión Negociadora de la Iniciativa Yasuní ITT, viaja solicitando financiamiento a gobiernos extranjeros; y Correa anuncia que de ganar la querella penal contra este Diario, sus directivos, César, Carlos y Nicolás Pérez, y el exeditorialista, Emilio Palacio, destinaría los $40 millones de indemnización a esta causa.

Apoyo: Crudo bajo tierra
Roque Sevilla
Excomisionado a favor del ITT
“El mayor obstáculo para proteger el ITT es el doble discurso y falta de diplomacia de este Gobierno”.

Alberto Acosta
Impulsor de la Iniciativa
“El Gobierno se ha tomado mucho tiempo para cristalizar la iniciativa, mientras las petroleras buscan el fracaso”.