AFP-Redacción
QUITO.- La comisión de Comunicación completó anoche, en ausencia de los asambleístas opositores, el informe a discutir con aspectos como regulación o prohibición de contenidos violentos, discriminatorios o explícitamente sexuales; conformación y alcances del consejo regulador, y responsabilidad ulterior.

La fecha del debate en el pleno de la Asamblea Nacional aún no se definió y, según el congresista opositor César Montúfar, esto dependerá de que el oficialismo tenga los votos suficientes para aprobar la iniciativa.

"En la comisión tenían una mayoría, esperamos que algunos asambleístas no se presten para consumar este grave atentado contra la libertad de expresión", dijo Montúfar.

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Anoche, los asambleístas César Montúfar, Lourdes Tibán, Fausto Cobo, Jimmy Pinoargote, en compañía de Fernando González y Tomás Zevallos, en rueda de prensa, anunciaron su decisión de retirarse de la Comisión de Comunicación, argumentando que "no tiene objeto seguir participando en el debate de la Ley de Comunicación".

El documento aprobado solo por los oficialistas define como responsabilidad ulterior la obligación de "asumir las consecuencias" jurídicas por la difusión de contenidos que lesionen derechos humanos, la honra de otros o la seguridad del Estado.

Habrá lugar a esta responsabilidad de los medios en los ámbitos civil y administrativo cuando "los contenidos sean asumidos expresamente" por la empresa o no estén atribuidos a otra persona, señala el proyecto.

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También indica que el medio será "solidariamente responsable" por las indemnizaciones de carácter civil a que haya lugar por no rectificar o bloquear las réplicas que ordene el consejo regulador, con dos delegados del gobierno.

Asimismo, establece que los comentarios sobre informaciones en los sitios web de los medios "serán responsabilidad de quienes los efectúen", salvo que estas ediciones incumplan requisitos como un registro de usuarios.

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El proyecto plantea además prohibir la difusión de "todo contenido discriminatorio", lo cual será calificado por el consejo que impondría multas por estas infracciones.

Igualmente, sugiere proscribir el uso de imágenes violentas en espacios informativos que no estén "debidamente contextualizadas", y la transmisión de mensajes que inciten a la violencia o el delito.

Los contenidos violentos en general solo podrán difundirse en horarios para adultos o de responsabilidad compartida (presencia de un mayor de edad), para lo cual se fijan franjas horarias.

Minoría abandonó sesión
El escenario volvió a repetirse y Alianza PAIS (AP) impuso su tesis durante la discusión del informe complementario de la Ley de Comunicación. El oficialismo sentó su mayoría en la Comisión Ocasional de Comunicación, mientras que la oposición abandonó la discusión al final de la sesión de ayer.

El punto que motivó esto fue la aprobación del Consejo de Regulación con dos integrantes del Ejecutivo, uno de los Consejos de Igualdad, tres de la ciudadanía, y uno en representación de las facultades o escuelas de comunicación.

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El municipalista Jimmy Pinoargote denunció que al aprobar esta integración se le consagra al Gobierno el control de los medios, lo cual, advirtió, vulnerará el derecho a la libre expresión de las personas.

El asambleísta César Montúfar (CND) afirmó que se pretende convertir al Consejo en un ministerio dependiente del Ejecutivo y remarcó que ahora la lucha deberá continuar en el pleno del Legislativo.

"Se cierra un capítulo de la dictadura del voto en la comisión, pero se abre el camino en las calles", anticipó.

De su parte, Cynthia Viteri (MG) adelantó que nadie podrá fiscalizar a dicho organismo.

La mesa aprobó varias atribuciones para el Consejo, entre ellas, proteger y promover el efectivo ejercicio de los derechos de la comunicación, promover la incorporación de valores y prácticas de la convivencia intercultural en la programación de los medios de comunicación; e iniciar de oficio y resolver los procedimientos administrativos por el incumplimiento de las obligaciones establecidas.

Desde el oficialismo se rebatieron las críticas de la oposición de la mesa.

El presidente de la Comisión, Mauro Andino (AP), insistió en que el informe no es ninguna "mordaza" y que tampoco vulnerará la libre expresión.

Rolando Panchana fue más directo y remarcó que en la propuesta no consta el cierre de ningún medio, mientras que en aquella presentada por Montúfar, Pinoargote y Fausto Cobo (SP) se impedía a los gobiernos seccionales y organismos del Gobierno central la concesión de frecuencias, lo cual, advirtió Panchana, produciría el cierre inmediato de diez estaciones.

La discusión de este informe fue acalorada desde su inicio. La oposición intentó sin éxito modificar el enfoque del texto elaborado desde el oficialismo.

Sobre la regulación de contenidos, AP realizó pocas modificaciones, entre ellas la exclusión de los "formatos o plataforma tecnológica" para así desvirtuar que se intente regular el internet y las redes sociales.

Andino dijo esperar que de esta manera se esfumen los fantasmas sobre una supuesta regulación del internet.

Pero Montúfar insistió, por ejemplo, que la definición hecha al concepto de contenido es tan general que puede dar paso a una regulación excesiva.

AP también incluyó en el informe que todos los medios, incluso los públicos, deben observar buenas prácticas y mecanismos deontológicos.

Paso a paso: Lo aprobado
1. Artículo 2
Todo medio goza de libertad para realizar y difundir sus programas y contenidos, sin otras limitaciones que las establecidas en la Constitución, instrumentos internacionales y la ley.

2. Artículo 4
Los medios públicos, privados y comunitarios deben identificar el tipo de contenido que transmiten, para que la audiencia pueda decidir sobre la programación de su preferencia.

3. Artículo 6
Está prohibida la difusión a través de cualquier medio de todo contenido discriminatorio que tenga por objeto menoscabar el ejercicio de los derechos humanos.