QUITO
.- Según el sondeo, la mayor parte de la población está en desacuerdo con la prisión de tres años.

Una encuesta realizada por la empresa Credit Management Solutions (CMS) difundida ayer, concluyó que el 73% de los consultados cree que la sentencia dictada el miércoles contra EL UNIVERSO y que obliga a pagar $ 40 millones al presidente Rafael Correa es exagerada. El 13% está de acuerdo.

De los resultados finales tabulados, el 62% de los encuestados tampoco está de acuerdo con los tres años de prisión dictados contra los directivos del medio: Carlos, César y Nicolás Pérez y el exeditor de Opinión Emilio Palacio. Contrario al 20% que respondió sí.

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El sondeo se realizó a más de 10 mil personas en Guayaquil, Babahoyo, Quito, Esmeraldas, Machala, Portoviejo, Cuenca, Riobamba, Ambato y Loja.

La inconformidad con este fallo se mostró al siguiente día de la sentencia, donde tanto diarios nacionales como internacionales hicieron público su rechazo y criticaron al juez que en apenas trece horas elaboró una sentencia de 156 páginas.

La sentencia contra la compañía EL UNIVERSO fue apelada el viernes por la defensa que exigió la nulidad. El recurso deberá ser sorteado los próximos días para conocer al juez y la Sala que lo analizará.

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Mientras mañana los directivos del medio y Palacio presentarán el recurso de apelación a la prisión de tres años e indemnización con $ 30 millones que pide el mandatario.

El director de CMS, Santiago Cuesta, consideró que "Emilio Palacio (exarticulista de este Diario y escritor de la opinión 'No a las mentiras' por la que se impulsa la querella) intentó agredir al presidente Correa". No obstante, "es desmedida la demanda, pues nadie debería ir a la cárcel por una opinión; tampoco estoy de acuerdo en que el Diario o los dueños deban pagar tal suma", aseveró.

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Agregó que para evitar estas demandas debería elaborarse una ley en la que periodistas sean sancionados por mala práctica profesional, cuya sanción debería impedirles seguir en la profesión por un tiempo.

La sentencia a favor de Correa se dictó el miércoles por el delito de injurias calumniosas.

Aunque la actual Constitución ha sido catalogada por el Gobierno como una de las más garantistas de derechos en el mundo, entre ellos el derecho a la libertad de expresión, las normas jurídicas secundarias de Ecuador como el Código Penal mantienen como delitos las injurias calumniosas y no calumniosas e, inclusive, el desacato.

Han pasado 33 meses desde que la Constitución impulsada por el Gobierno se aprobó y 16 meses desde que Rafael Balda, delegado del Gobierno, señaló en la audiencia 138 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo adscrito a la OEA, que el régimen trabaja en un anteproyecto para eliminar las figuras del desacato y las injurias.

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"No solo nos limitamos a eliminar el delito de desacato... las injurias no calumniosas también desaparecen del ordenamiento jurídico ecuatoriano", dijo entonces Balda, como funcionario de la Secretaría de Comunicación de este Gobierno. Hasta el momento ese proyecto legal no ha sido presentado a la Asamblea y la mayoría legislativa oficialista tampoco ha presentado iniciativas para este compromiso ante la CIDH.

El 2010, la Comisión de Justicia de la Asamblea, presidida por la hasta entonces oficialista María Paula Romo, hizo reformas penales que no incluyeron la eliminación del delito de desacato en el Código Penal bajo el argumento de que se requiere una revisión integral de los tipos penales no republicanos.

El oficialismo en la Asamblea espera que el Ministerio de Justicia envíe el proyecto. Pero en mayo la ministra de Justicia, Johanna Pesántez, seguía refiriéndose a ello en futuro y excluía de la eliminación a las injurias. "Lo que se mantendrá en el nuevo Código es lo que se refiere a las injurias en general, ofensas a cualquier persona no necesariamente al presidente. Todas las personas que se sientan ofendidas por alguna cosa podrán apelar a un proceso (judicial)", dijo hace dos meses.

La tendencia en A. Latina es eliminar los llamados "delitos de opinión". La relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH indicó que México, Panamá, Brasil, Uruguay, Argentina, Costa Rica han despenalizado los delitos de injurias y calumnias, más si se trata de funcionarios públicos. Y Argentina, Costa Rica, Perú y otros derogaron el delito de desacato.

Injuria calumniosa
La legislación actual señala las sanciones para la injuria. De 6 meses a 2 años de prisión y una multa de $ 6 a $ 25 para la injuria calumniosa y cuando va dirigida a una autoridad la prisión sube a 3 años.

Injuria no calumniosa grave
De 3 a 6 meses de prisión y una multa de $ 6 a $ 12. Y cuando va dirigida a una autoridad sube a 2 años de prisión y $ 19 de multa.

Injuria no calumniosa leve
Este delito se castiga con 2 y 4 días de prisión y una multa de $ 7 a $ 14.

Desacato a la autoridad
De 8 días a 1 mes de prisión.