El presidente de la Comisión Ocasional de Comunicación, Mauro Andino, presentó oficialmente el informe borrador que será expuesto a la mesa la próxima semana.

El documento, según Andino, recoge las distintas propuestas de los asambleístas y de las organizaciones ciudadanas. Sin embargo, en los temas polémicos, el texto se acerca a los lineamientos planteados por los legisladores de Alianza PAIS.

Por ejemplo, se ratifica los criterios de los legisladores oficialistas de que el Consejo de Regulación esté conformado por dos integrantes designados por la Función Ejecutiva, un miembro por los Consejos Nacionales de Igualdad, un integrante de las facultades o escuelas de comunicación y tres integrantes de la ciudadanía.

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La responsabilidad ulterior se la define como la obligación de toda persona de asumir consecuencias jurídicas administrativas, civiles y penales posteriores a difundir, a través de los medios de comunicación, información de relevancia pública no veraz, no verificada, descontextualizada y no oportuna, que lesione derechos humanos, el buen nombre de las personas, la seguridad pública del Estado y el orden constitucional.

Se contempla la responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos civil y administrativo, cuando las informaciones de relevancia pública sean asumidas por el medio o no se encuentren atribuidas a otra persona.

La responsabilidad solidaria de los propietarios, accionistas, directivos y representantes legales serán responsables de indemnizaciones y compensaciones de carácter civil por incumplimiento de obligaciones, en especial el derecho a la réplica, rectificación ordenadas por el Consejo de Regulación, generadas por la difusión de relevancia que lesione derechos humanos, reputación, entre otros.

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Andino señaló que en el documento consta los argumentos jurídico, político y sociales de esta articulado.

Ratificó que el texto no vulnera, ni limita la libertad y tampoco establece “mordaza” a los medios, ni la censura previa. “Esta ley es democrática y democratizadora. No es una ley mordaza. Es una ley para democratizar la palabra en una sociedad más justa y más humana”, dijo.

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En el informe se confirmó la definición de empresas de comunicación nacionales, propuesta por Rolando Panchana. Así los medios audiovisuales y las empresas de telecomunicaciones, adquieren la condición de nacional cuando su cobertura llega al 25% o más de la población, o tienen cobertura en 6 provincias o más.

En cambio, los medios impresos que emitan un número de ejemplares igual o superior al 0,50 % de la población nacional en cualquiera de sus ediciones en el año inmediato anterior.

En este texto no se incluyó a las agencias de publicidad, pese a que en el borrador sí constaba esta regulación.

Los sectores de oposición no se pronunciaron sobre este informe, pues primero esperan estudiarlo.

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