'CJ quizá parará unos días, pero no implica un feriado judicial'

Aunque los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) esperan ser parte de la transición, para lo cual pidieron un pronunciamiento del procurador Diego García; la ministra de Justicia, Johanna Pesántez, fue categórica en advertir que estos funcionarios cesarán en sus cargos una vez que sean proclamados los resultados de la consulta popular del pasado 7 de mayo. En la misiva al procurador los vocales del CJ, liderados por Benjamín Cevallos, pidieron prolongarse en sus funciones hasta que el ente transitorio tripartito (integrado por delegados del Ejecutivo, Legislativo y Función de Transparencia) se instale.

¿La actual Judicatura podría prolongarse en el cargo hasta la instalación de la comisión tripartita?

Los resultados de la consulta popular determinan el cese automático de funciones de los vocales del CJ. Las funciones del Estado se reunirán inmediatamente para nombrar a sus delegados en el menor tiempo posible y evitar la acefalía en la Judicatura (órgano de gobierno de la Función Judicial).

¿Esos días de transición no podrían tomarse como un feriado judicial? Así lo temen varios servidores.

No. Los servicios públicos (en la Función Judicial) no pueden paralizarse. Es posible que el CJ tenga que parar unos días.

Los vocales del CJ pidieron a la Procuraduría un pronunciamiento sobre la posibilidad de mantenerse en el cargo hasta ser reemplazados legalmente.

No hay resultados del pedido a la Procuraduría, pero los de la consulta popular (que determina la finalización automática de funciones del CJ), y que serían proclamados este lunes (es decir hoy), deberán acatarse por ser un mandato del pueblo soberano.

¿Cree que la destitución del presidente de la Judicatura, Benjamín Cevallos, es el reflejo de un sistema de justicia caótico?

Sí. Es lamentable, pero el caos no se inició ahora sino tiempo atrás. En ese conflicto, Cevallos abonó al tomar decisiones solo y nombrar jueces y conjueces, direccionados para determinados procesos. Decisiones que molestaron y generaron inconformidad entre jueces y servidores judiciales.

¿Pero parte de responsabilidad tiene el Gobierno en este caos?

Se quiere dar un tinte de enfrentamiento con el Gobierno, pero no es así. El sistema judicial llegó a colapsar porque no existen competencias claras.

Se culpó a la partidocracia de ser responsable del caos en la justicia, partidocracia con la que usted colaboró en varias administraciones...

Yo no decidía, solo asesoraba en la parte técnica. Nunca fui juez o firmé nada, pero por conocer todo lo que se hizo y que no estuvo bien, acepté colaborar para lograr un cambio.

¿Qué observó que motivó a realizar cambios?

Represamiento de causas, por ejemplo. No quisiera referirme en malos términos a quienes fueron mis jefes.

¿Observó hechos de corrupción?

Pudo haber existido, pero no los vi.

La consulta popular se constituyó en la antesala para la reestructuración de la justicia, para lo cual se preparaban auditorías a jueces y fiscales. ¿Están listos los resultados?

La auditoría a jueces y fiscales del área penal, a cargo de la universidad chilena de Talca, tardará un máximo de seis semanas más, contados a partir de la instalación de la comisión tripartita.

¿Por qué la demora?

Talca tiene casi listo su informe, pero hubo problemas en la recopilación de datos de las judicaturas, ya que (el CJ saliente) nos corcharon la entrada en ese organismo. Pero como es un tema penal, que también maneja la Fiscalía, se intervino a través de esa institución. Resta hacer las últimas comparaciones con datos de las judicaturas para depurar la información.

¿Cómo perjudica esto a la reestructuración de la justicia?

No perjudica, aunque sí alargará un poco el tiempo de la revisión del área penal, luego viene una auditoría y evaluación a todos los funcionarios y jueces.

¿Por qué áreas iniciarán la reestructuración?

Son varios ejes: el del talento humano, que buscará tener funcionarios y jueces probos. Además, la implementación de infraestructura, tecnología y definición del modelo de gestión que determinará las competencias y separación entre las actividades administrativas y de administración de justicia. El cambio será integral.

¿Cuál será la primera área en ser intervenida?

Se atacará el modelo de gestión, luego el resto de áreas. Se empezará con una hoja de ruta desde la posesión de la comisión tripartita, que durará 18 meses en funciones.

¿Tienen el número de jueces y funcionarios que saldrá de sus puestos por la reestructuración?

No hay una depuración, sino una evaluación. La Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial ordenan que los funcionarios deben ser evaluados. Quienes pasen la evaluación se quedarán y los que no lo hagan saldrán.