Indígenas de Sarayaku piden a CIDH protección para sus tierras sagradas

EFE
SAN JOSÉ.- El pueblo indígena kichwa ecuatoriano Sarayaku acusó hoy al Estado de dar en concesión sus tierras a una empresa petrolera argentina en 1996 sin consultarle y pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que proteja sus tierras sagradas y su identidad cultural.

En una audiencia que comenzó hoy declararon el líder espiritual de la comunidad Sarayacu, Sabino Gualinga, y la líder femenina Patricia Gualinga, quienes ataviados con accesorios tradicionales y con las caras pintadas denunciaron que la llegada de la argentina Compañía General de Combustibles (CGC) ha causado daños ambientales y a la vida cotidiana de su pueblo.

"Pedimos a la Corte que nos proteja para poder vivir en paz, que seamos consultados si quieren hacer proyectos de desarrollo y que si decimos que no, que respeten nuestra decisión", manifestó Patricia Gualinga en la audiencia.

El caso se remonta a 1996, cuando el Gobierno ecuatoriano otorgó una concesión para la exploración y explotación petrolera a la CGC en tierras del pueblo Sarayaku, pero sin consultar a esa comunidad de 1.200 habitantes ubicada en la amazonía ecuatoriana.

Además, la demanda indica que la empresa petrolera colocó en el 2002, con la protección del Ejército, cerca de 1,4 toneladas de explosivos en la selva como parte de los trabajos de exploración.

Algunos de esos explosivos fueron detonados, pero en su mayoría se mantienen enterrados en una zona de 20 kilómetros cuadrados, lo que supone un riesgo para los habitantes del pueblo, que ya no pueden cazar ni moverse por la selva, que consideran tierra sagrada.

"Tenemos una relación íntima con la selva viviente. En la selva viven seres que son parte de nuestra cosmovisión y cultura (...) y que mantienen la energía vital, la abundancia y que son indispensables para el equilibrio amazónico", expresó la líder indígena.

Además, dijo que la empresa generó divisiones entre las comunidades indígenas de la zona, lo que derivó en amenazas y acusaciones contra los Sarayaku.

Por su parte, el líder espiritual del pueblo Sarayaku, Sabino Gualinga, de 90 años, aseguró que con las detonaciones de la CGC murieron árboles sagrados y la mitad de los seres espirituales desaparecieron del sitio.

"Pasamos mucha tristeza y desgracia. En la selva viven seres ancestrales, los amos de la selva, y es una calamidad que desaparezcan, porque aparecerán enfermedades", dijo Gualinga en lengua kichwa, traducida por Patricia Gualinga.

El líder espiritual de la comunidad agregó que con la lucha contra la petrolera pasaron cuatro años sin realizar festividades tradicionales en las que los jóvenes aprenden cantos, bailes y pinturas y que muchos tuvieron que dejar de trabajar para proteger el territorio.

"Pido a los jueces que no entren los que andan explotando la tierra y destruyendo la selva. Estoy pidiendo por nuestra tierra", concluyó el indígena.

Por su parte, la representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Luz Patricia Mejía, afirmó que esta demanda busca proteger la identidad cultural y la forma de vida de las poblaciones indígenas, y garantizar que se les consulte.

"Es necesario identificar reglas más claras y concisas sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas", afirmó Mejía al presentar un resumen de la demanda.

El Estado presentó como testigo al indígena David Gualinga, quien aseguró que la empresa realizó una consulta a diversas comunidades indígenas ecuatorianas y que la mayoría estuvo de acuerdo con la exploración petrolera.

Aseguró que la comunidad Sarayaku ha actuado con violencia contra otros pueblos cercanos que apoyaron la exploración petrolera.

La empresa CGC no concluyó las labores de exploración debido a la oposición del pueblo Sarayaku y en el 2010 su contrato fue rescindido por el Gobierno.

Sin embargo, los líderes del pueblo Sarayaku aseguran que el Gobierno pretende dar en concesión de nuevo los yacimientos petroleros en tierras indígenas.

La audiencia ante la CorteIDH terminará mañana con los alegatos finales de las partes. El fallo de los jueces podría estar listo este año.