Indígenas sarayaku llevan a Ecuador a la Corte Interamericana

AFP-AP-EFE
SAN JOSÉ.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) juzgará al Estado ecuatoriano por otorgar una concesión petrolera en tierras ancestrales del pueblo indígena kichwa Sarayaku, en una audiencia de dos días que se realizará miércoles y jueves en San José.

La Corte escuchará los testimonios del presidente de la comunidad indígena José  Gualinga, de un sabio tradicional y de una mujer de la comunidad, quienes se referirán a las afectaciones y las amenazas sufridas contra su vida, su subsistencia y su cultura. También rendirán testimonio, en calidad de peritos, el relator de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya, y el antropólogo Rodrigo Villagra, así como  representantes del gobierno de Ecuador.

La demanda se refiere a la concesión de 200 mil has.  que el gobierno ecuatoriano otorgó a la empresa petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) en 1996 para la exploración y explotación petrolera en los territorios ancestrales del pueblo kichwa Sarayaku, en la provincia amazónica de Pastaza.

Los indígenas de Sarayaku alegan que la concesión se dio ilegalmente en un territorio ancestral perteneciente a la comunidad.

Vestido con sus ropas tradicionales y con su rostro pintado con motivos que su etnia utilizan para simbolizar la guerra, Gualinga agregó que "desde que se concesionaron nuestras tierras la compañía contó con la protección de las fuerzas armadas y la policía... nos han perseguido, amenazado, agredido y cerrado el paso por las vías fluviales".

Según Gualinga, la empresa petrolera colocó en el 2002, supuestamente con protección del Ejército ecuatoriano, cerca de 1,4 toneladas de explosivos en la selva como parte de los trabajos de exploración.

Algunos de esos explosivos fueron detonados, pero hasta la fecha la mayoría se mantiene enterrada en una zona de 20 kilómetros cuadrados, lo que supone un riesgo para los habitantes del pueblo y la biodiversidad.

Gualinga afirmó que durante los trabajos de exploración petrolera hubo agresiones y detenciones contra habitantes de Sarayacu, y que la empresa taló bosque primario y árboles sagrados, y además cerró pasos fluviales ancestrales que son las únicas vías de acceso al remoto pueblo.

"Hasta la fecha, el Estado no ha acatado las recomendaciones emitidas en el 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)... Tampoco ha cumplido con las medidas de protección ordenadas por ese órgano y por la misma Corte", comentó la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Viviana Krsticevic.

Por ello el pueblo sarayaku pedirá a la Corte que obligue a las autoridades ecuatorianas a reparar los daños causados a la comunidad, así como la garantía de que este tipo de violaciones no se repetirán en el futuro y la obligación de ser consultados por el estado cuando se trate de proyectos de cualquier tipo en sus territorios.

Krsticevic, que actúa como representante de las víctimas ante la Corte, afirmó que la importancia del caso radica en el derecho que tienen los pueblos indígenas a su territorio y a sobrevivir con su modelo propio.

Para Krsticevic este caso es "clave para Ecuador y tiene repercusiones importantes para el resto de América".

 "En América Latina hay muchas constituciones que reconocen la protección de los derechos indígenas, pero persisten tendencias autoritarias en muchos gobiernos en los que la consulta y el respeto a los derechos indígenas no se hacen realidad", comentó