Pacientes piden que se amplíe plan a otras dolencias crónicas

Michelle Rodríguez, de 12 años, tiene lupus. Para su madre, Patricia Toro, esta enfermedad se parece al cáncer por los estragos que ha provocado en la salud de su pequeña, pues la menor parece de 6 años.

Ella a regañadientes toma la sopa que su padre, Dionisio Rodríguez, le da; a un costado del plato tiene pastillas para el corazón y el riñón que luego ingiere para “estar bien”.

Ellos vienen desde Machala al hospital de niños Francisco de Ycaza Bustamante para llevar a su hija a una cita odontológica. Toro comenta que a diario gasta $ 20 en su medicina. “No entiendo por qué no le dan los medicamentos gratis, la misión Manuela Espejo vio en qué condiciones vivimos, mi esposo apenas gana 280 dólares al mes y en un solo cuarto dormimos cinco personas”.

Una situación similar vive Fátima Cedeño con su hija Mariela Mero, de 17 años. Su madre indica que al mes gasta $ 700 en el tratamiento por lupus.

“Voy a mandar una carta a la vicepresidencia, porque en Manta no hay reumatólogos, de dónde se inventó que la enfermedad no es catastrófica, si se le bajan las defensas”, menciona Cedeño, a quien esta semana una amiga le donó una ampolla que cuesta $ 2.000 para ayudar a mantener sus defensas.

El nefrólogo Oswaldo Freire sostiene que los pacientes con lupus sí se incluyen en la red del Programa de Protección Social (PPS), pero cuando desarrollan insuficiencia renal crónica. Asimismo, explica que cerca del 80% de los 50 menores con esta enfermedad que se atienden en el hospital Francisco de Ycaza Bustamante tienen problemas nefróticos (riñón), en diversos grados, pero que no es necesario que todos estén dentro del programa, pues no tienen insuficiencia renal.

Los medicamentos para esta enfermedad no se entregan en esta casa de salud porque escasean. Freire, además, indica que en el país hay muy pocos especialistas para atenderlos debido a la falta de posgrados.

Otra de las dolencias consideradas como catastróficas por el jefe de la Unidad de Quemados del hospital Luis Vernaza, Jorge Palacios, son las quemaduras de segundo y tercer grado.

Él considera que las secuelas de quemaduras, es decir las cicatrices, son más manejables que las quemaduras de segundo y tercer grado, las que constituyen uno de los mayores traumas que el cuerpo sufre.

Palacios explica que en promedio, a diario un paciente con esta clase de quemaduras le cuesta al hospital $ 1.700. “Eso aquí, porque en Estados Unidos llega a $ 5.000”, dice él.

El especialista, que trabaja con pacientes quemados desde hace 34 años, dice que el 98% de ellos son de escasos recursos económicos y que al año en promedio atiende a 380.

La jefa del departamento de Trabajo Social del hospital Abel Gilbert, Silvia Salinas, señala que como esta casa de salud no posee una unidad para quemados los envía al hospital Luis Vernaza, y el Ministerio de Salud Pública asume el gasto.

Esto no sucede cuando la víctima de una quemadura es trasladada a un hospital privado, pues el convenio del Programa de Protección Social (PPS) indica que deben ser atendidos en una unidad de salud del sector público.

Según cifras entregadas por el departamento de Trabajo Social del hospital Luis Vernaza, entre el 2009 y el 2011, 95 pacientes quemados fueron cubiertos a través de la Dirección Provincial de Salud, pero ninguno a través del la Red de Protección Social (PPS).

Para la trabajadora social de este hospital, Margarita Villavicencio, este programa ha hecho bastante por los pacientes en extrema pobreza. “Ahora se ha colocado un marcapaso, antes no podían hacerse una embolización porque solo los materiales cuestan entre 5.000 y 7.000 dólares, la gente hace mucho tiempo se moría”, dice.

Agrega que cuando no están bajo este convenio se los guía a las fundaciones.

Salinas añade que otras dolencias que se han pedido incluir en este programa son las miastenias graves, púrpura trombótica y aplasia medular.