Hay cuatro datos económicos que se deben retener: a) la economía ecuatoriana creció menos entre el periodo 2007 - 2010 que en el 2001 - 2006 y la variación interanual de la tasa de crecimiento se incrementó; b) el número de empleos generados por el sector privado disminuyó entre el 2007 y el 2010, mientras creció el empleo en el sector público; c) las exportaciones no petroleras decrecieron en volumen y si bien su valor se compensó por precios más altos en el mercado internacional, crecieron a tasas más bajas que en el periodo 2001 a 2006, por lo que habrá un déficit comercial; y, d) la inversión privada, especialmente en aquella que no depende de inversiones públicas, disminuyó, lo mismo que la inversión extranjera que apenas llegó a unos 180 millones de dólares. En definitiva, todo esto nos ha vuelto más dependientes del petróleo, sus altos y bajos y, por lo tanto, del Estado y sus inversiones.

¿Por qué se produce esta disonancia entre economía estatal y privada a pesar de las inversiones en bienes públicos como carreteras, electricidad y capital humano, así como una nueva legislación de apoyo a la actividad productiva, como es el Código de la Producción? Estas inversiones y regulaciones son favorables al crecimiento económico y a la inversión privada, pero no parecen concitar una reacción efectiva por parte de los interesados.

Hay adicionalmente un problema de credibilidad sobre el real compromiso del Gobierno con el crecimiento económico: en otras palabras, las acciones objetivas del Gobierno no se compatibilizan con medidas de confianza. Me parece que atrás de esto están las constantes reformas al marco legal que regula temas como política comercial, impuestos y subsidios, para mencionar aquellos que se discuten estas semanas. El Gobierno se apresta a buscar una nueva reforma tributaria, la octava en sus años de Gobierno; se elimina el subsidio a la electricidad a los grandes consumidores domiciliarios; y, se pusieron en evidencia pública diferencias de opinión sobre negociaciones comerciales entre altos cargos de Gobierno.

Tomemos el caso tributario para volver más claro el argumento. No es mi intención evaluar en este artículo las ventajas y desventajas de las reformas, incluso alguna me parece razonable. El problema básico no es tanto su contenido sino los continuos cambios en materia tributaria. Me imagino yo que un empresario pequeño, mediano o grande se estará preguntando si esta será la última reforma o si vendrán nuevas. Esto tiene enormes repercusiones sobre el manejo de las empresas y las necesidades de tener provisiones para nuevas eventualidades, en cuanto a cambios en las reglas de juego. Ello hace que inversiones deseables se posterguen.

Se preguntarán ustedes y por qué esto es más grave ahora que en el periodo anterior 2001 - 2006 de muy fuerte inestabilidad política. Pues diría que durante esos años el Gobierno no contaba con mayorías seguras, ni podía jugar con el veto para sobrepasar los acuerdos a los que se llegaba en el Congreso. Todo esto hacía que a pesar de la inestabilidad política el Gobierno tenía limitaciones en cuanto a iniciativas económicas, por ejemplo, en el tema tributario. Esto producía un mejor ambiente para las inversiones privadas.

¡Qué interesante sería tener hoy las políticas favorables a la inversión del Gobierno y estabilidad en las reglas de juego!