Alabama aprueba ley migratoria que impide estudiar a niños indocumentados

El gobernador republicano, Robert Bentley, sancionó una ley para perseguir la inmigración ilegal en Alabama, que tanto sus defensores como sus críticos consideran como la más dura en todo Estados Unidos.

La medida exigirá a las escuelas públicas que determinen el estatus inmigratorio de sus estudiantes, un aspecto que no cubría una ley en Arizona que ha estado en el centro del debate sobre el intento de controlar la inmigración ilegal en varios estados del país.

La ley de Alabama se distingue por el requisito de que las escuelas públicas determinen, a través de la revisión de certificados de nacimiento o declaraciones juradas, el estatus de residencia legal de los estudiantes.

"Tememos que, en efecto, esto restringirá a los estudiantes por miedo o acoso", dijo Shay Farley, directora legal de Alabama Appleseed, una organización sin fines de lucro de defensa de la comunidad.

La ley también prohíbe la educación universitaria a estudiantes indocumentados.

Además, de acuerdo a la nueva ley de Alabama, la Policía debe detener a todo aquel que no muestre la documentación reglamentaria ssi se sospecha que está en el país de forma ilegal.

También será un crimen transportar o refugiar a alguien que se encuentra ilegalmente en el estado. La ley impone fuertes sanciones como la suspensión o revocación de su licencia contra las compañías que contraten empleados sin estatus de residente legal.

Además, impide que las ciudades de Alabama puedan aprobar leyes locales
en contra de que la policía haga cumplir las leyes federales de
inmigración.

La ley, cuya vigencia está prevista a partir del 1 de septiembre, obliga a las empresas a usar una base de datos llamada E-Verify para confirmar el estatus inmigratorio de los nuevos empleados.

"Tenemos un problema real con la inmigración ilegal en este país", dijo Bentley después de firmar la ley. "Yo defendí las leyes de inmigración más severas y estoy orgulloso de la Legislatura por trabajar incansablemente para crear la legislación más fuerte del país", agregó.

Alabama es el último estado en seguir el ejemplo de la controvertida ley aprobada en Arizona el año pasado. Las cortes bloquearon la implementación de una parte de la legislación que permitía a la Policía comprobar el estatus inmigratorio de los transeúntes.

Reacciones en contra

Defensores de los derechos de los inmigrantes prometieron desafiar la ley en la corte, luego de haber bloqueado medidas similares en Arizona, Utah, Indiana y Georgia. El Departamento de Justicia estadounidense también apeló la ley de Arizona.

La canciller de México, Patricia Espinosa, dijo en su cuenta de la red social Twitter que la ley "amenaza los derechos humanos y civiles de todos los migrantes en ese estado". México es el país de origen de la mayoría de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos.

"México utilizará todo recurso legal disponible para defender los derechos y la dignidad de connacionales en Alabama", agregó Espinosa.

Grupos activistas como la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles y el organismo Southern Poverty Law Center concordaron en que la nueva ley es la más dura de su tipo en todo el país, pero advirtieron que acudirán a la justicia para que sea anulada.

La directora del departamento legal del Southern Poverty Law Center, Mary Bauer, sostuvo el jueves que espera que sea incoada una demanda antes de que la ley entre en vigencia el primero de septiembre.

"Es claramente anticonstitucional. Es rastrera, racista y creo que una corte la invalidará", dijo Bauer.

El patrocinador en la Cámara de Representantes, el republicano Micky Hammon, dijo que la ley fue redactada de tal forma que si alguna de sus partes es considerada anticonstitucional o que viola la ley federal, el resto permanecerá.

La legislación de Alabama se parece a una ley aprobada en Arizona, donde un juez federal suspendió el año pasado algunas de sus cláusulas tras una demanda del Departamento de Justicia. Un juez federal de apelaciones refrendó el fallo y la gobernadora de Arizona Jan Brewer prometió apelar ante la Corte Suprema.

Georgia aprobó igualmente este año una ley para combatir la inmigración ilegal, y los grupos activistas de los derechos civiles iniciaron una demanda para intentar derogarla.

La mayor organización en favor de los derechos civiles en el país,
ACLU, ha anunciado ya que presentará una demanda contra la nueva ley.

Por su parte la Casa Blanca reiteró la necesidad de lograr una reforma migratoria exhaustiva. En una rueda de prensa, su portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, indicó que "nuestra posición es clara... es necesaria una reforma exhaustiva del sistema de inmigración".

"Seguimos buscándola y creemos que se puede lograr un consenso entre los dos partidos para lograr esa reforma", indicó Carney.