Fiscalía indaga 81 casos que reveló hace un año Comisión de la Verdad

De los 118 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos investigados por la Comisión de la Verdad (CV) y que envió hace ya un año a la Fiscalía General del Estado para que los judicialice, 81 están en la fase de indagación previa.

La CV fue creada para aclarar los crímenes de lesa humanidad supuestamente cometidos durante el régimen del fallecido mandatario León Febres-Cordero (1984-1988), aunque también abordó los periodos siguientes, incluyendo el de quien la promovió, el presidente Rafael Correa.

En su extenso informe, los comisionados dieron cuenta de 456 víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas o privación ilegal de la libertad; y de ellas, 365 fueron torturadas.

La Unidad Especial de la CV creada por la Fiscalía investiga al momento, entre otros casos, la desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo; el secuestro y asesinato del banquero Nahim Isaías Barquet; la ejecución de Consuelo Benavides y de Arturo Jarrín, integrantes del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC); las torturas a los comandos de Taura (que secuestraron a Febres-Cordero); además de las desapariciones de personas en el asalto a la farmacia Fybeca y la joyería Terranova.

Según un informe preparado para este Diario por dicha unidad, que está conformada por seis fiscales con sus respectivos secretarios y asistentes, esta ha realizado varias diligencias, como la toma de versiones a los supuestos involucrados señalados por la CV (entre ellos, exautoridades civiles, militares y políticos activos), el reconocimiento de lugares y la recopilación de documentos (especialmente de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas).

La Fiscalía no tiene una fecha para concluir sus investigaciones. “El tiempo no está determinado, será todo el que sea necesario para despacharlos”, indica el informe de la unidad.

Elsie Monge, quien presidió la CV, destaca el trabajo de la Fiscalía en el combate a la impunidad, que fue uno de los ejes temáticos planteados en su informe, pero advierte que esos procesos tienen que seguir su trámite regular.

Monge sostiene, en cambio, que otras sugerencias de la CV no han sido acogidas por las instancias gubernamentales.

La activista cree que el actual Gobierno mantiene la estructura de represión dentro de la policía que dio paso a las violaciones de derechos humanos, pero con otros nombres.

Así, si bien el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) –al que los defensores de derechos humanos calificaron como un “grupo de exterminio– desapareció en enero del 2010, de inmediato se creó la Unidad Investigativa Antidelincuencial (UIA).

Antes, en el 2008, Correa ordenó la eliminación de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) tras denunciar que daba información a agencias de inteligencia de Estados Unidos, pero la sustituyó por la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO).

En cuanto a la reparación de las familias de las víctimas, Monge indica que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recoge experiencias de Argentina y Chile para tratar de implementar un sistema local, hasta que se apruebe una norma que lo regule.

Detalles: Antecedentes
Testimonios
La CV obtuvo la información para su investigación de varias fuentes; la primaria fueron los 650 testimonios que recogió dentro y fuera del país. Estos fueron contrastados con documentos que desclasificaron las Fuerzas Armadas, el Consejo de Seguridad Nacional y la Policía.

Presupuesto
La Comisión de la Verdad funcionó con un presupuesto de $ 1,5 millones. Inicialmente fue creada para que opere durante un año, pero lo hizo por 30 meses.