La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizará la incursión armada al Hospital de la Policía de Quito, durante la sublevación del 30 de septiembre del 2010 (30-S), cuando el régimen dispuso un operativo de rescate al presidente Rafael Correa, quien alegaba estar secuestrado.

El organismo, que pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA), comenzará este estudio toda vez que aceptó a trámite la demanda que el jurista Roberto López Moreno presentó por el “ataque a una institución hospitalaria”, lo cual ¬según él¬ viola varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos.

López planteó la queja el pasado 31 de marzo y recibió la notificación el 18 de mayo. En ella pide a la CIDH que exija al Estado ecuatoriano indemnizar a los familiares de cinco personas que fallecieron durante la acción: los policías Froilán Jiménez Granda, Edwin Calderón Landeta, Jacinto Cortés y Darwin Panchi Ortiz, y el ciudadano Juan Pablo Bolaños.

Publicidad

Ellos, según el demandante, “fueron innecesaria e injustamente privados” de varios derechos consagrados en la Convención, como el derecho a la vida y a la libertad personal.

López asegura que el mandatario no estuvo secuestrado y que su “irresponsable actuación” provocó las muertes.

Ayer aseguró que pedirá que se aplique el derecho a la repetición que dicta la Constitución ecuatoriana, para que Correa pague “de su propio bolsillo”.

Publicidad

También expresó que insistirá para que la CIDH acepte las medidas cautelares en favor de quienes aún están presos por los hechos del 30-S, como el exjefe de la escolta legislativa Rolando Tapia. Esa petición no fue aceptada por la Comisión.

El activista político Carlos Vera comentó que la justicia recientemente liberó a César Carrión, exdirector del hospital, tras conocer del pronunciamiento de la CIDH.