Hasta ayer en la tarde cerca del 60% de las 29.685 actas de todo el país con los resultados de la consulta popular y referéndum fueron declaradas suspensas por inconsistencias numéricas, según información del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El consejero Fausto Camacho admitió que el porcentaje es alto con relación a otros procesos electorales y reconoció que origina una lenta difusión de los resultados oficiales.

Las actas se declaran suspensas cuando el sistema informático detecta que el resultado no coincide con el número de sufragantes de una determinada Junta Receptora del Voto (JRV). Por ejemplo, en el caso de la consulta popular y referéndum, si en una Junta votaron 300 personas, en el acta de escrutinio debe constar exactamente el mismo número de votos, sumados los del Sí, del No, nulos y blancos, por cada una de las diez preguntas.

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En Guayaquil, a la Junta Provincial Electoral llegaron decenas de cajas de cartón embaladas desde las Juntas Intermedias de Escrutinios, las cuales contienen actas con novedades, lo que llamó la atención de las autoridades por la cantidad.

Hasta las 13:00, Freddy Cabrera, presidente de la Junta Provincial, contabilizaba unas 1.500 actas en esa situación entre las parroquias Ximena, Febres Cordero y Tarqui, y aún faltaban sumar las que poco a poco llegaban desde Balzar, Milagro, de la Academia Naval Guayaquil y de la Escuela de Formación de la Comisión de Tránsito, que fueron las últimas en culminar su trabajo.

Las actas fueron rechazadas por el sistema informático del CNE durante el proceso de escaneo por inconsistencias numéricas en su mayoría, según Cabrera, aunque también hubo rezagadas por no estar legibles o por falta de firmas.

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En la Delegación Provincial las cajas se iban acumulando en el auditorio de la Democracia, pues por funcionar aquí una Junta Intermedia el personal se dedicó a procesar los documentos de Samborondón, Durán, Salitre y de las parroquias 9 de Octubre, Rocafuerte y Puná.

Delegados de diferentes agrupaciones políticas, entre ellas Madera de Guerrero, PAIS y Sociedad Patriótica, que estaban en el sitio, deseaban conocer cómo y en qué tiempo se procedería a revisar y contar las actas y exigían transparencia.

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Cabrera explicó que se debe coordinar con las autoridades electorales tres instancias al respecto: primero, la revisión del padrón electoral para verificar el número de votantes de cada Junta Receptora (JRV) para contrastar con los datos recopilados en las Juntas; segundo, revisar el sobre de color rojo que cada JRV deposita en un kit que es llevado a la delegación provincial; y en última instancia el conteo voto a voto.

Estima que esta tarea tomará varios días o quizás semanas, pues depende de la parte logística. Actualmente, esta Delegación tiene 60 trabajadores de planta y 26 digitadores, pero requerirá más personas, dijo.

En ciertas Juntas intermedias hubo problemas con el lector óptico de los códigos de barras y ello retrasó un poco el trabajo, indicó Cabrera, pero en general, la labor culminó en 24 horas o menos. En la Junta de la Escuela de Formación de la Comisión de Tránsito, se reportó que del total de 860 actas receptadas, apenas 274 fueron válidas, mientras que 519 presentaron novedades por no constar el número de votantes, por insuficiencia numérica o no estar legibles; y otras 67 actas se declararon suspensas por no tener todas las firmas respectivas, indicó José Vera, administrador de la institución.

En Quito, la Junta Provincial Electoral de Pichincha recibió recién a las 05:00 el total de actas de las Juntas Intermedias. De la parroquia La Magdalena, en el sur de Quito, por ejemplo, se reportaron 288 documentos con novedades. De Cotocollao, de un total de 761 actas, 484 tenían observación; de Chillogallo, 501 llegaron con novedad; y de la parroquia Santa Prisca hubo 235 actas con inconsistencias numéricas de un total de 595, mientras que 200 constaban con novedades.

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Durante la madrugada, en los corredores de este edificio ubicado en el norte de la capital, el ambiente era de tensión, ya que en medio del recibimiento de los paquetes electorales funcionarios vociferaban a viva voz que en las parroquias de Cotocollao y Chillogallo había “puñetes”, porque se estaba haciendo reconteo de votos.

Esto, mencionaban, impedía que lleguen a tiempo los paquetes para ser embodegados, así como las actas de seis juntas intermedias correspondientes a Quito. El proceso de escrutinio y transporte de los documentos y kits electorales fue lento, lo que incluso obligó a la Delegación a suspender el conteo de las juntas de las parroquias rurales de ocho cantones. Esto porque de 800 actas, solo 80 llegaron hasta las 21:00.

Según el Código de la Democracia, el Consejo Electoral tiene diez días, a partir de la realización de los comicios, es decir hasta el 17 de mayo, para la proclamación oficial de los resultados. Sin embargo, en el referéndum del 2008 sobre la aprobación de la nueva Constitución, el Consejo proclamó resultados 60 días después; y en las elecciones generales del 2009, después de 45 días.

Ahora los vocales del CNE prefieren no dar una fecha y se limitan a decir que será “lo más pronto posible”.