La prisión preventiva y medidas sustitutivas, a consulta en las urnas

Preguntas:
# 1
¿Está usted de acuerdo en enmendar el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución de la República, incorporando un inciso que impida la caducidad de la prisión preventiva cuando esta ha sido provocada por la persona procesada y que permita sancionar las trabas irrazonables en Ia administración de justicia por parte de juezas, jueces, fiscales, peritos o servidores de órganos auxiliares de la función judicial, como se establece en el anexo 1?

ANEXO 1
Incorpórese a continuación del primer inciso al numeral 9 del artículo 77 uno que dirá:
"La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente si por cualquier medio la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad. Si la dilación ocurriera durante el proceso o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de juezas, jueces, fiscales, defensor público, peritos o servidores de órganos auxiliares, se considerará que estos han incurrido en falta gravísima y deberán ser sancionados de conformidad de la ley".

# 2
¿Está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la privación de la libertad se apliquen bajo las condiciones y requisitos establecidos en la ley, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo 2?

ANEXO 2
El artículo 77 numeral 1 dirá:
"La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para gantizar la comparencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de 24 horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley".

El artículo 77 numeral 2 dirá:
"La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas  a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la Ley".

“Llevo casi un año buscando se castigue a quienes mataron a mi hermano. Lo que he encontrado es terrible: un juez encargado le cambió la prisión preventiva a la autora intelectual del crimen (su conviviente) y a cada momento veo que los asesinos ocasionan incidentes para que caduque la prisión preventiva y salgan para fugar”.

La declaración es de Rodrigo Samaniego, quien recuerda los pormenores del proceso que investiga la muerte de su hermano menor, Marco, la tarde del 4 de junio del 2010, en Quito.

Aparentemente, el estudiante de gastronomía, de 29 años fue asesinado con nueve tiros por dos agentes activos de la Policía Judicial, quienes ya han sido hallados culpables por la Fiscalía. Ellos, presuntamente, fueron contratados por la pareja de la víctima con el fin de cobrar un seguro de vida de $ 75 mil. Hoy la mujer está prófuga.

Temas como “si el pueblo quiere que se incorpore un inciso que impida la caducidad de la prisión preventiva cuando esta ha sido provocada por la persona procesada”; “que se permita sancionar las trabas irrazonables provocadas por administradores de justicia”; y que, además, “se impida que las medidas sustitutivas a la privación de la libertad se apliquen a los delincuentes que comprobadamente sean de peligro para la sociedad”, serán consultados el próximo sábado al país.

El asambleísta Andrés Páez, líder de la Izquierda Democrática, afirma que las dos preguntas únicamente están exacerbando la necesidad de seguridad y menos violencia que tiene la sociedad ecuatoriana. Aclara que ninguna de las preguntas resolverá en esencia un tema que debe ser manejado con técnica y no con “politiquería”.

“El tema de inseguridad no se trabaja en una tarde de elecciones. Esta es una tarea constante que ha sobrepasado al gobierno de Rafael Correa. Para él (Correa) lo importante son otras preguntas y lanza una cortina de humo con temas que ya existen en distintos cuerpos legales vigentes”, añade Páez.

El viceministro de Justicia, Javier Córdova, cree que los temas de las preguntas 1 y 2 de la consulta son de importancia fundamental en el proceso de cambio que vive la justicia. Según el funcionario, todas estas reformas serán apuntaladas a futuro con un nuevo modelo de gestión de la justicia, infraestructura, capacitación del personal, rigurosidad en la evaluación para el ingreso de jueces, depuración de las leyes, la creación de un gran Código.

Córdoba cree que las preguntas 1 y 2 buscan terminar con la impunidad en el sistema de justicia y con la discrecionalidad que tenían muchos jueces para sustituir la prisión preventiva, por cualquier otra de medida sustitutiva existente, en casos de crimen o narcotráfico.

“De aprobarse las preguntas 1 y 2 se incidirá positivamente en esa realidad, pues se podrá sancionar efectivamente a quien es culpable de un delito, así como a los funcionarios que permitan que llegue la caducidad de la prisión preventiva. El fin último de un sistema de justicia eficiente es concluir los debidos procesos con sentencias”, dice el viceministro Córdova.

Las reformas realizadas a los códigos Penal y de Procedimiento Penal, que se publicaron en el Registro Oficial el 24 de marzo del 2009, no han dado agilidad a la aplicación de la justicia, reconocen los operadores, que señalan que el proceso se vuelve lento por fallas de coordinación entre policías, fiscales y jueces; falencias en la redacción de partes policiales y demora en las notificaciones.

Esos problemas de raíz traban los procesos, pues según las últimas reformas, la investigación es responsabilidad del fiscal y policía. “El juez resolverá con base de argumentos y elementos de convicción (pruebas) aportados. El juez carecerá de iniciativa procesal”; es decir, deberá resolver sobre el dictamen del fiscal, “si él no acusa, no hay juicio”, ha manifestado María Leonor Jiménez, presidenta de la Corte de Guayaquil.

Cifras del Ministerio de Justicia indican que desde el 2007 hasta el 2010, en el país, 4.436 personas salieron libres por la caducidad de la prisión preventiva; la mayoría de ellas en Guayas (4.141); le siguen Pichincha y Cuenca. Mientras que a poco más de 6 mil ciudadanos detenidos para investigaciones se les cambió la medida cautelar de prisión preventiva.

Otro estudio del mismo ministerio revela que el 90% de las audiencias es fallido por la falta de agentes, testigos e investigadores. Pero también se da a conocer una descoordinación entre Policía y Fiscalía; y juzgados y tribunales de Garantías Penales. Aunque este último ente aclara que en ocasiones la Fiscalía no cumple con el envío de las pruebas, que es responsabilidad de la Policía.

Un informe nacional del Consejo de la Judicatura (CJ) del 2009, indica que de 24.958 audiencias, no se realizaron 6.854: 2.280 por “artificios legales”; 2.299 no especificaron el motivo; 963 por problemas de la Fiscalía; 820 por ausencia de testigos; 321 por inconvenientes en cárceles; 156 por la Función Judicial; y, 15 fue por otros.

Páez y Córdova coinciden en que ha existido poca voluntad de parte del CJ para sancionar a jueces que, comprobadamente, han sido parte de actos corruptos, que han permitido la caducidad de la prisión preventiva o han dado medidas diferentes a la privación de la libertad, que ha terminado en la huida del sujeto procesado.

El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Benjamín Cevallos, critica que todas las observaciones sobre el problema concluyan en que los jueces son los corruptos que liberan a delincuentes o que cambian la prisión preventiva por otra medida cautelar; e indica que un proceso judicial tiene muchos participantes. “Es injusto que todo se centre en los jueces, más aún cuando hoy el titular de un proceso es el fiscal”.

Cevallos insiste en que los problemas en la justicia se resuelven con dinero para inversión (capacitación, infraestructura, tecnología), con planes a largo plazo y con decisiones técnicas alejadas de la política.

Este Diario buscó la versión de jueces sobre la realidad práctica de las preguntas 1 y 2, pero la respuesta fue: “Sobre ese tema no podemos hablar”. Pese a ello, un juez, que pidió la reserva de su nombre, dice que el Gobierno está vendiendo falsas expectativas de que la seguridad mejorará inmediatamente si se aprueba la consulta.

El jurista considera que los cambios que se registrarán aprobando las preguntas 1 y 2 son mínimos, tomando en cuenta que el tratamiento de la problemática de la seguridad es más profundo. “Si se aprueban las preguntas 1 y 2, será un bumerán para el Gobierno. Cuando la gente en menos de seis meses se dé cuenta de que nada ha cambiado empezará a buscar culpables y quienes saldrán afectados serán los que apoyaron el Sí”, cree un juez.

El penalista Hugo Oña reconoce que los temas tratados en las preguntas 1 y 2 son de trascendencia para la sociedad, pero cree que el poder de la consulta está siendo sobrevalorado al tener temas que pudieron ser resueltos en la Asamblea.