Conseguir unos 20 dólares diarios en la venta de aguas emolientes a base de sábila no es fácil para María; así prefiere que la identifiquen, porque desde hace cinco años vive de manera ilegal en el país y teme ser deportada. Contar con esos recursos le significa despertarse de lunes a domingo a las 04:30 para preparar la bebida y dejar listo el desayuno para su hijo Juan, de 11 años. Luego recorrer, desde las 05:30, las oscuras y peligrosas calles de la isla Trinitaria, donde ella vive, y de la cooperativa Las Malvinas en busca de clientes que por 50 centavos, 1 dólar o 1,50 dólares adquieren la bebida, que junto a una pastilla o multivitamínicos, dice, “cura” enfermedades de riñones, hígado, cálculos, entre otras dolencias. Pero esa rutina diaria se vuelve más tensa. Con su carreta ella se mueve con mucho sigilo atenta a patrullas policiales. Si aparecen, corre y se escabulle.

Si la atrapan, implicaría la deportación a Perú. Ya le pasó una vez y teme que vuelva a ocurrir. En junio del 2006 fue detenida en el suburbio durante una batida de la policía. Estuvo cinco días en el Centro de Detención Provisional y luego fue deportada, pero ella en menos de una semana, tras mimetizarse entre la gente en la frontera en Huaquillas, ya estuvo de regreso para ver a su hijo, a quien, en su ausencia, amigos peruanos se encargaron de cuidarlo.

Ese temor de María es compartido por otros compatriotas suyos que permanecen en situación ilegal en el país y que con el proceso de regularización que se realiza desde el pasado 14 de marzo aspiran a conseguir una estancia legal en Ecuador que les permita moverse con libertad, tener más oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida.

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No obstante, los responsables del plan dicen que durante el proceso no habrá deportaciones o detenciones, salvo que estén implicados en un delito.

El plan de legalización, en marcha desde el pasado 3 de febrero, fecha en la que entró en vigencia el estatuto migratorio permanente suscrito entre Ecuador y Perú, pretende legalizar a un grupo de entre 5 mil y 7 mil peruanos que viven en situación irregular en el país.

El programa, que es parte del estatuto migratorio y está contemplado en el Acuerdo Ministerial 000022 de la Cancillería, del 15 de marzo pasado, beneficia a los ciudadanos peruanos que se encuentren en situación irregular en el país hasta el 3 de febrero inclusive, en un periodo de 180 días, contados a partir del 14 de marzo pasado.

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Los beneficiarios pueden acceder a la visa 9-VII con validez indefinida y gratuita. Solicitud de visa, pasaporte vigente en el que conste el sello de ingreso a Ecuador, más una copia simple o la Tarjeta Andina de Migraciones y un certificado de antecedentes penales emitidos por los consulados de Perú son los requisitos que los interesados pueden presentar hasta el 21 de octubre de este año en las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador para tramitar el visado.

El plan ya mueve a centenares de migrantes que abarrotan las oficinas de los consulados de Perú, en particular en Quito, Guayaquil y Machala.

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Una madre de 41 años y su hijo de 19 eran parte de las decenas de migrantes oriundos del país del sur que la semana pasada acudieron a las oficinas del Consulado peruano en Guayaquil para obtener el certificado de antecedentes penales o récord policial. Ella, dedicada al trabajo doméstico desde hace cuatro años en Guayaquil, cuenta que es de Piura, donde estudió hasta la secundaria, y que se vio obligada a salir de su país en busca de trabajo y mejores salarios.

Motivados por los mejores ingresos que genera el dólar, Segundo Guamán y su esposa, Elvia Díaz, también dejaron la ciudad de Cajamarca hace cinco años. Residen en Cuenca, donde han procreado una niña. El migrante de 31 años cuenta que le va bien con el negocio de la venta de aguas emolientes, al que se dedica también su cónyuge.

La economía dolarizada de Ecuador sigue atrayendo a miles de peruanos que cruzan las fronteras en busca de mejores oportunidades de trabajo y salarios en la agricultura, floricultura, construcción o empleo doméstico. Cifras de la Dirección Nacional de Migración revelan que entre el 2006 y marzo pasado se registraron 781.137 ingresos de Perú y 700.871 salidas a ese país.

La tendencia al incremento se refleja año a año. Así, mientras en el 2006 hubo 139.085 entradas, en el 2007 fueron 149.250 y en el 2010 llegaron a 154.098.

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En lo que va del año, hasta marzo pasado la Policía de Migración registró 40.616 ingresos y 37.833 salidas.

El masivo ingreso también provocó numerosas deportaciones. En ese mismo periodo, desde el 2006, 5.184 peruanos fueron expulsados; 53 de ellos entre enero y marzo de este año.

Ese temor a deportaciones motiva el interés en obtener el visado. Hasta la semana pasada se emitieron más de 250 certificados de antecedentes penales, indica Jorge Raffo, cónsul general de Perú en Guayaquil. La situación es similar en Quito, donde un promedio de 150 personas acude a diario a las oficinas para conseguir ese papel.

En tanto que la emisión de los visados se multiplica, sobre todo en Cuenca y Quito, donde hay más demanda y se han entregado cerca de 400, refiere el director de Migración y Extranjería de la Cancillería ecuatoriana, Fernando Flores.

“Es un trabajo muy intenso porque implica mas o menos regularizar a unas 1.200 personas por mes”, refiere Raffo.

El programa de regularización se suma a otro proceso que se desarrolló en el 2007, aunque en ese entonces el plan estaba dirigido a los ciudadanos peruanos residentes en el austro, por ello la ministra cónsul general de Perú en Quito, María Antonia Masana García, destaca las expectativas en este proceso y aspira a que pueda beneficiar al mayor número de peruanos.