España define las reglas en materia migratoria

La inmigración en España seguirá indivisiblemente vinculada al mercado de trabajo. La aprobación, ayer, del reglamento de la Ley de Extranjería confirma que al gobierno socialista le interesa poner el acento en esta idea pero también en la necesidad de promover el retorno de los extranjeros desempleados (642.893 inmigrantes están en paro) y fomentar la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro en función de las ofertas de empleo existentes.

El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue enfático en este último aspecto al señalar que “no es justo” que el inmigrante que ha contribuido al crecimiento económico “se vaya y nadie le reconozca que ha estado trabajando y se la equipare con aquellos que vienen por primera vez”.

Por eso la normativa permite mantener los tiempos anteriores de residencia de quienes retornen de cara a la eventual obtención de un permiso de larga duración. Esto abre la posibilidad a que los inmigrantes con autorizaciones vigentes que regresaron a su país de origen sin acogerse al programa de retorno voluntario, capitalizando el subsidio por desempleo y renunciando a volver en los próximos tres años, puedan conservar la antigüedad de sus autorizaciones.

Para beneficiarse de la medida deben acudir a los consulados españoles y renunciar a la titularidad de sus permisos. Solo podrán pisar suelo ibérico después de transcurridos esos 36 meses y si disponen de una oferta de trabajo.

Respecto a la reagrupación familiar, el reagrupante deberá acreditar que dispone de una vivienda adecuada y de recursos para reunirse con uno de sus hijos o su cónyuge.

La norma establece que los ingresos no podrán ser menores a 798 euros (1.117 dólares) mensuales durante un año.

Incorpora, asimismo, la figura del arraigo familiar para que los inmigrantes indocumentados con hijos menores de edad españoles puedan acceder a un permiso de residencia. Los ecuatorianos no pueden beneficiarse por los cambios en la Constitución del 2008; sus hijos al nacer son ecuatorianos de manera automática.

En cuanto a las inmigrantes maltratadas, si carecen de documentación en regla y denuncian al agresor, no se les abrirá expediente de expulsión. El Reglamento entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado, posiblemente dentro de dos meses.

En tanto, 80 organizaciones sociales españolas mostraron ayer su "frontal rechazo" al nuevo reglamento y pidieron la regularización “inmediata” de los inmigrantes que se encuentran en situación irregular. Dicha regularización, que podría afectar a entre 700 mil y 800 mil personas, debería realizarse “vía arraigo o vía humanitaria”, señalaron.