De entre las diez preguntas sobre las que se nos consultará el 7 de mayo, unas intrascendentes, otras repetitivas, hay dos de especial interés para los comunicadores sociales: la tres y la nueve. Ninguna debería estar en consulta ni referéndum, pues involucran temas que aunque ya están regulados por la Constitución y otros códigos menores, pasan inadvertidos por propio desconocimiento que los ciudadanos tienen no solo de sus responsabilidades, sino sobre todo de sus derechos.

¿Está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas, de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 3?

SÍ. Y para sustentarlo recurro a las tesis que el periodista argentino Carlos Jornet expone en su libro: "Gestión de empresas periodísticas", editado por el Instituto de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP.

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Entendiendo la función social que tienen los medios, es "digerible" la intención de que no existan conflictos de interés en el interior de las empresas periodísticas, como es deseable también que no haya tales conflictos dentro de los medios públicos.

Al contrario de lo que argumentan quienes impulsan el NO a la pregunta 3, la periodística no es una empresa como cualquier otra. Tiene sus particularidades: a más de los objetivos comerciales, lícitos, "exhiben un carácter ideológico y de formación de opinión pública". A nadie interesaría el carácter ideológico del propietario de una empresa de zapatos -perdón si el ejemplo es prosaico- pero el de una empresa periodística sí, por razones y conclusiones que no las voy a nombrar por evidentes.

Además, los trabajadores de los medios de comunicación establecen una especial relación con el poder: "conviven con él, se mimetizan y muchas veces se dejan atrapar por sus redes", dice Jornet. Claro que en otras ocasiones esa "relación" provoca calificativos como bestias salvajes, sicarios de tinta o mono de bonsái; o demandas de entre diez y 80 millones de dólares.

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Las empresas periodísticas están expuestas al "riesgo cotidiano de errores con consecuencias para terceros", lo que eleva el nivel de estrés de los empleados e implican un riesgo profesional específico.

Vamos a la nueve. ¿Estamos de acuerdo en que la Asamblea expida una Ley de Comunicación que incluya un Consejo de Regulación? NO. Porque la disposición transitoria de la Constitución ya fijó un plazo para ello, y porque tal como está planteada la pregunta hay elementos subjetivos que configuran una especie de "cheque en blanco" para el Poder, cuando de sancionar se trate.

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Me refiero, por ejemplo, a la intención de regular la difusión de contenidos con "mensajes de violencia" y al criterio de responsabilidad ulterior que ya está en la Constitución de Montecristi.

¿Con qué parámetros vamos a calificar la violencia en los medios? Para el Gobierno, violencia puede ser que los medios pongan en evidencia los niveles de inseguridad en los noticieros, y por ello clausurarlos (¿recuerdan el caso de la morgue en Venezuela?). Para el ciudadano común, en cambio, violencia puede ser cierto contenido de las cadenas sabatinas, y por allí no habrá cómo clausurar nada.

En conclusión, ya que nos han puesto en la obligación de decidir, esperemos tener suficiente tiempo y espacio como para hacer pedagogía ciudadana y que se tomen las mejores decisiones.