QUITO
.- Raúl V. luego de consultar el saldo de su cuenta por internet descubrió que su dinero desapareció al día siguiente. Le dejaron $ 8 de los $ 13.000 que poseía. Cuando reportó el caso al banco, lo colocaron como el principal sospechoso de la transferencia bancaria.

Luego de múltiples quejas y sin resultados inició una denuncia ante la Fiscalía. Técnicos de la entidad realizaron un peritaje al movimiento bancario y determinaron que su dinero fue enviado a Perú y luego volvió a tres cuentas distintas al mismo banco en Ecuador.

No era el único, en el camino se encontró a decenas de clientes a quienes los estafaron por internet. Según la Fiscalía General, estos casos se han incrementado. De los 119 que se registraron en el 2009 hasta lo que va de este año hay 1.308, que representa entre y $ 1 y $ 2 millones de perjuicio.

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La persona estafada admite que nunca se percató de que la página era falsa y entregó sus datos personales, claves de acceso. Según el director de la unidad de delitos informáticos de la Fiscalía, Santiago Acurio, existen diversas modalidades de estafa para los usuarios del sistema financiero. Uno de ellos se denomina phishing y se dedica a suplantar la identidad de un sitio web por otro para extraer información de modo fraudulento. Los perjudicados por esta clase de delito ingresan a páginas similares a las originales, creadas por hackers, donde digitan toda la información personal. Se utilizan como enganche los correos electrónicos masivos que parecen provenir de la institución financiera o de empresas con las que el cliente tiene algún tipo de relación.

Otro delito común es el skimming, a través del cual el delincuente copia o escanea la información financiera y personal de su tarjeta de crédito o débito y luego la regraba en una tarjeta falsa, creando así una réplica que tiene los mismos alcances y limitaciones que la tarjeta personal original.

La semana pasada la Fiscalía, con la Superintendencia de Bancos, resolvieron que la banca privada devuelva el dinero que perdieron sus clientes por este tipo de fraudes.

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Según la Fiscalía, hubo fragilidad y vulnerabilidad en el sistema electrónico de las instituciones financieras y omisión al no informar a la población sobre este tipo de delitos.

Diego Vela, gerente de seguridad de la Información de Tata, dijo que esta decisión política de la Fiscalía es peligrosa para el sistema financiero porque se pueden propiciar el autorrobo y los casos se incrementarán. Propone que desde las instancias gubernamentales se impulsen leyes específicas que sancionen a los estafadores, cómplices y encubridores.

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La Asociación de Bancos Privados inició la semana pasada una campaña de información que se denomina Saber es poder y tiene como objetivo educar, especialmente a los clientes, en medidas de seguridad básicas. Los bancos también toman otras medidas.

El Banco Pichincha, por ejemplo, implementó un sistema biométrico que contempla seguridades adicionales mediante el uso de preguntas y figuras secretas, las cuales garantizan el acceso a la banca electrónica. Adicionalmente tiene un sistema de alertas en correo electrónico y mensajes SMS que le informan cuando existan intentos erróneos de ingreso a su banca electrónica.

Fiscalía anuncia juicios por desacato

Quito

La Fiscalía anunció ayer que iniciará procesos penales por desacato en contra del director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, César Robalino, y de los directivos de las entidades bancarias que no cumplan con la disposición de resarcir los dineros a los clientes víctimas de fraudes informáticos.

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Esto, después de que Robalino anunció que no pagará a los perjudicados. "Eso es una monstruosidad jurídica", dijo.

El fiscal general Washington Pesántez señaló que existen bancos como el de Guayaquil y Pichincha, que cumplen la resolución emitida por la Fiscalía, sustentada en el art. 30 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. "La banca privada decente y honesta sí está pagando. He hablado hace unas horas con Antonio Acosta, gerente del Banco Pichincha, y ellos están pagando", dijo.

El argumento de la banca es que las denuncias deben analizarse caso por caso.

Pesántez ordenó que los clientes que desde el 1 de enero del 2010 fueron perjudicados por un monto de $ 1 a $ 2.000 se les restituya el 100% del valor. Si perdieron de $ 2.001 a $ 10 mil, que se les pague el 80% y cuando pasen de $ 10 mil, el 60%. El plazo para devolver es 72 horas.