“Hay que revisar el dinero de las personas que se enriquecieron de manera no justificada”, dijo ayer Fernando Alvarado, secretario nacional de Comunicación, durante una entrevista con radio América, en Quito, al justificar la primera pregunta de la consulta popular planteada por el Gobierno para el próximo 7 de mayo.

Su declaración fue subida de inmediato, a las 07:59, en la cuenta de Twitter de la Secretaría de Comunicación.

Respecto a la pregunta que dice: “¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique en el Código Penal, como un delito autónomo, el enriquecimiento privado no justificado?”, Alvarado argumentó que Ecuador es uno de los pocos países sin control en este tema.

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El secretario arremetió contra el hermano del presidente de la República, Fabricio Correa; aseguró que “el único preocupado (porque se penalice el enriquecimiento privado no justificado) es él”.

“Hay contratistas que a través de compañías fantasmas o de contratos que armaron con el Estado, de la noche a la mañana, tienen un patrimonio importantísimo y eso es lo que hay que revisar...”, dijo Alvarado.

Aclaró que con la propuesta del Ejecutivo lo que se quiere evitar es el enriquecimiento que puede venir del narcotráfico, de la evasión de impuestos o de contratos bajo coima.

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El pasado 9 de marzo, Alvarado señaló que el dinero que llega a manos privadas no puede ser objeto de (examen de) la Contraloría, “(pero) ahora lo que se propone para que haya más transparencia es que todos puedan justificar que su enriquecimiento fue de una manera honesta. Estamos hablando de enriquecimientos escandalosos, no del producto del trabajo tesonero o de alguna informalidad que luego se convierte en formal”, dijo.

En ese sentido, Carlos Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), señaló que en el escenario de aprobarse este tema en la consulta, no se descarta que se llegue, incluso, a la confiscación de bienes de las personas que no puedan justificar su patrimonio.

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El funcionario dijo que las medidas a aplicarse dependerán de cuál sea la fuente del enriquecimiento ilícito. Si es por evasión (fiscal) o por herencia no declarada, habrá que cobrar el impuesto correspondiente; pero si es fruto del narcotráfico u otra actividad ilícita, no cabe cobrar un impuesto, creo que cabe un proceso de confiscación”, aseveró Carrasco.

La Constitución señala que en Ecuador no existe esa figura legal, pero el director del SRI considera que se deberá buscar una salida para que los bienes provenientes de una fuente ilícita no queden en manos de quienes violan la ley.

Carrasco aclaró que el SRI no juzgará el enriquecimiento ilícito privado, sino la Fiscalía. En cuanto a los bienes que serían confiscados, estos no pasarían al Estado, “sino que habría que redistribuirlos para el beneficio de la sociedad”.