Tras la convocatoria oficial al referéndum y consulta popular el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició ayer el trámite de la pro forma presupuestaria para el proceso que se realizará el próximo 7 de mayo.

El jueves pasado, el Ministerio de Finanzas transfirió $ 22 millones al CNE, un presupuesto inicial que mediante resolución solicitó al Gobierno la semana anterior, para arrancar con el plebiscito propuesto por el presidente Rafael Correa.

Según la pro forma, elaborada por el departamento financiero del CNE, el presupuesto para el proceso electoral de mayo es de $ 23’977.991, sin contar con el monto que se destinará para las franjas publicitarias en los medios de comunicación.

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Según el consejero Fausto Camacho, el rubro para las franjas dependerá del número de organizaciones sociales, partidos y movimientos políticos que se inscriban ante el Consejo Electoral para participar en campaña, con lo cual inevitablemente se incrementará aún más el presupuesto general.

“Hay que pedir más dinero”, anticipó Camacho y recordó que en el 2009 el CNE solicitó dinero extra para la promoción electoral de los más de 4 mil candidatos que se postularon a las elecciones generales.

Entre los rubros más relevantes del presupuesto para el próximo proceso está el de Servicios Generales, que incluye los kits electorales, papeletas, transporte, difusión, capacitación, consultoría, asesoría, Juntas Receptoras del Voto, con un total de $ 7,4 millones.

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Otro monto importante ($ 5,3 millones) se destinará para realizar transferencias corrientes al sector público, especialmente a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y consulados.

Dentro de la categoría de bienes de uso y consumo corriente, que corresponden a alimentos, bebidas, vestuario, prendas de protección, combustible, en la pro forma se contempló un monto de $ 1,6 millones.

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Mientras tanto, para promocionar el contenido de la consulta, a través de publicidad institucional del Consejo, se consideró $ 3,1 millones.

El vicepresidente del CNE, Carlos Cortez, expresó su desacuerdo con la distribución de una parte de los recursos. Por ello planteará al pleno algunos cambios para la aprobación de una pro forma definitiva.

“Hay cosas que no puedo aceptarlas. No caen en la ilegalidad, pero como economista e investigador me parece que se pueden hacer algunos tipos de reajustes en determinadas partidas presupuestarias”, expresó Cortez sin dar más detalles. Sus observaciones las hará primero ante los consejeros y el departamento financiero del CNE.

En estos días el organismo electoral contratará a la empresa que debe imprimir 11 millones de papeletas para la consulta y el referéndum.

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Hasta el momento se manejan dos alternativas: la adjudicación a la mejor propuesta que se presente a una subasta inversa, o la contratación directa al Instituto Geográfico Militar (IGM), que tradicionalmente ha realizado la impresión de los documentos electorales, a excepción de las elecciones generales de abril del 2009, que las efectuó la imprenta Mariscal.