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31 DE MAYO DEL 2007. El denominado “Congreso de los manteles” posesionó a Édgar Zárate (i), Nina Pacari Vega, Roberto Bhrunis (i), Patricio Pazmiño, Ruth Seni, Hernando Morales y Patricio Herrera como vocales del Tribunal Constitucional.

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21 DE OCTUBRE DEL 2008. Interpretando la Constitución de Montecristi, el Tribunal Constitucional se autoproclamó como Corte Constitucional.

La actual Corte Constitucional (CC), que acaba de darle vía libre al referéndum y a la consulta popular del Ejecutivo, nació signada por la polémica en mayo del 2007. A esa fecha, sin embargo, se denominaba aún Tribunal Constitucional (TC).

Haciendo una interpretación de la Constitución de 1998 que estaba vigente en esa época, el denominado “Congreso de los manteles” -integrado por los legisladores alternos que reemplazaron a los destituidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por oponerse a la consulta popular para instalar la Asamblea Constituyente- planteada por el régimen, resolvió destituir a los vocales del TC que habían entrado en funciones en febrero del 2006.

Estos a su vez habían reemplazado a los que renunciaron en abril del 2005, luego de la caída del ex mandatario Lucio Gutiérrez. Y estos, asimismo, sustituyeron al TC designado en el 2004, tras la destitución del que se nombró en el 2003.

Como el periodo de los vocales del TC era, según la norma constitucional de 1998, de cuatro años, los “diputados de los manteles” aseguraron que ya se había completado el periodo contado desde el 2003.

Enrique Tamariz, miembro del TC del 2006, sostiene que su destitución fue ilegal porque ese organismo no estaba completando el periodo de aquel que se designó en el 2003, sino que cumplía uno nuevo.

“En realidad nos destituyeron porque estábamos opuestos a la forma inconstitucional en que se destituyó a los 57 diputados y luego se designó a los de “los manteles”. Nosotros no íbamos a responder a sus intereses políticos”, expresa.

El Parlamento nombró, entonces, a los vocales del TC conforme lo indicaba la Carta Magna de 1998: dos delegados del Ejecutivo (Patricio Pazmiño y Roberto Bhrunis), dos del Legislativo (Nina Pacari Vega y Manuel Viteri Olvera), dos de la Corte Suprema de Justicia (Édgar Zárate y Alfonso Luz Yunes); una por las Cámaras de la Producción (Ruth Seni); uno por los trabajadores (Hernando Morales) y otro por los municipios (Francisco Herrera).

Pazmiño y Bhrunis eran -y aún lo son- cercanos a Alianza PAIS. Vega y Morales, de Pachakutik y MPD, que por esa época eran aliados del gobierno de Rafael Correa.

Mientras, que Viteri y Herrera son afines al roldosismo, que también respaldaba al régimen; y Seni, al Prian. Zárate no tenía filiación política.

A fines del 2007 estos fueron ratificados en sus cargos por la Asamblea Constituyente instalada en Montecristi.

El ex vocal del TC Mauro Terán (2003) sostiene que ese Tribunal Constitucional emitió fallos que favorecieron los intereses del Gobierno.

Así, por ejemplo, aceptó la demanda de inconstitucionalidad planteada por el Ejecutivo para dejar fuera del directorio de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) a las cámaras de la Producción y a la Junta Cívica de Guayaquil, en medio de una disputa entre el mandatario y el alcalde Jaime Nebot.

Lo propio hizo con los directorios del Consejo de Comercio Exterior (Comexi) y el Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel), de donde sacó a los empresarios y a los gremios de prensa, en su orden.

En octubre del 2008, al día siguiente de que la Constitución de Montecristi entrara en vigor, el TC emitió un fallo por el que se autoproclamó Corte Constitucional, ente creado por la Constituyente como órgano máximo de control constitucional y protección de derechos.

Su argumento jurídico fue que el Régimen de Transición tenía un vacío, respecto a qué entidad debía asumir las funciones de la CC definitiva, hasta que esta fuera seleccionada a través del mecanismo establecido en la nueva Constitución; esto es, a través de candidatos propuestos por todas las funciones del Estado.

Uno de los principales críticos de ese fallo fue, entonces, el ex presidente de la Constituyente, Alberto Acosta.

“El Tribunal Constitucional se metamorfoseó en la Corte Constitucional y los vocales de ese Tribunal se metamorfosearon en magistrados... Esa fue la primera violación de la Constitución que cometieron”, dice.

El ahora legislador Enrique Herrería (MG), exmiembro del TC del 2003, sostiene que esa acción fue inconstitucional, ya que la Carta Magna nunca definió la figura de la Corte Constitucional de Transición.

De ahí que en agosto del 2009 su bloque de asambleístas haya presentado en la Fiscalía una demanda penal contra los magistrados de la CC por el supuesto delito de usurpación de funciones, tipificado en el art. 236 del Código Penal. Pero se archivó en diciembre pasado.

Acosta sostiene que, si bien la CC tuvo un origen cuestionado pudo legitimarse, dictando un fallo apegado a la Constitución al analizar el pedido de consulta de Correa, pero no lo hizo.

Con ello mostró, opina Acosta, su sumisión al Gobierno al que le debe su ilegal designación y permanencia.