La protesta social se ve cercada por acusaciones de sabotaje y terrorismo

El movimiento indígena maneja una lista de 189 personas que tras haber participado en protestas sociales han sido acusadas de delitos como sabotaje y terrorismo.

El 9 de enero del 2009, Joel Vicente Zhunio Samaniego caminaba hacia su casa. Cargaba una mochila y unas compras. Al mismo tiempo, según su versión, en unas calles cercanas se desarrollaba una protesta contra la Ley Minera. De repente, unos cinco policías lo abordaron, golpearon y le dispararon ante la resistencia. “Yo les decía que me muestren la orden de detención, pero nunca mostraron nada”, describe el líder indígena, quien aún tiene ocho perdigones incrustados en su cabeza y uno en la espalda.

Debido a las múltiples heridas, los policías lo trasladaron al hospital de Macas, a cuatro horas de Indanza, pese que el de Limón está a 40 minutos. Antes de llevarlo a la casa de salud lo condujeron a un recinto militar, donde lo colocaron bajo una llave de agua y le quitaron la ropa ensangrentada, relata.

Tras permanecer 24 horas inconsciente fue trasladado al hospital de Cuenca, donde estuvo quince días bajo custodia policial. Cuando le dieron el alta médica lo llevaron directo a la cárcel de Macas, acusado de terrorismo y sabotaje a los bienes del Estado, según la instrucción fiscal 02-09, que reposa en la Fiscalía de Macas.

En la cárcel permaneció quince días más, mientras el abogado de la Asociación de Campesinos de Limón, Indanza, filiales a la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y de la Soberanía, pidió la apelación y el juicio pasó a la corte provisional, que le otorgó la orden de sobreseimiento provisional en mayo del año pasado.

Lo que le ocurrió a Zhunio Samaniego no es un hecho aislado y, más bien, se suma a una larga lista de personas –sobre todo dirigentes indígenas y campesinos– que por participar en protestas han sido acusados de sabotaje y terrorismo.

El caso más reciente es el del expresidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar, José Acacho, acusado de ese delito tras su participación en las protestas contra la Ley de Aguas en septiembre del 2009.

Las acusaciones sistemáticas a quienes son detenidos durante protestas tienen en alerta al movimiento indígena, y si bien luego de la liberación de Acacho la dirigencia señaló que no habrá movilizaciones, la detención del líder activó una estrategia que pretende usar para blindarse ante nuevos encarcelamientos.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y sus organizaciones aliadas lideran la iniciativa de presentar ante la Asamblea Nacional una propuesta de amnistía para más de un centenar de indígenas, campesinos líderes comunitarios y de movimientos ambientalistas, que al momento enfrentan procesos penales por haber participado o liderado protestas.

Un equipo de abogados de Pachakutik (PK) y de la Conaie se encuentra depurando una lista que hasta el viernes pasado registraban casos en los que están involucradas 189 personas en este periodo de gobierno.

El asambleísta de PK Gerónimo Yantalema explica que se trata de una matriz que está aún en proceso de depuración, pues en sus registros constan personas que ya recibieron amnistía de la Asamblea Constituyente del 2008 y que no se ha ejecutado por parte de la justicia ordinaria. También hay expedientes en los que los imputados han sido sobreseídos o están próximos a serlo. Estos dos tipos de casos no serán incluidos en el pedido de amnistía.

Entre los delitos más recurrentes de los que se acusa a los líderes y organizaciones sociales están el sabotaje y el terrorismo, pero también se incluyen figuras como la de asociación ilícita, obstrucción de vías públicas, lesiones y secuestros a policías, atentados en contra de la propiedad privada, invasiones y robo agravado.

¿Por qué se han iniciado estos procesos? Generalmente por protestas en contra de la Ley de Aguas, de concesiones mineras en zonas de alta biodiversidad y de empresas petroleras, especialmente en las provincias de Azuay, Morona Santiago, Imbabura, Pichincha y Chimborazo.

Pachakutik planea presentar en esta semana el pedido de amnistía al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), antes del receso legislativo que será desde el 21 de febrero.

Ivonne Yánez, de Acción Ecológica, considera que existe una criminalización del derecho a la resistencia, garantizada en la Constitución de Montecristi. Para ello se está usando como paraguas, en particular, el art. 160.1 del Código Penal, que establece una definición muy amplia del terrorismo.

Ese artículo indica que: “Se considera como terroristas, entre otros, a quienes individualmente o formando asociaciones, armados o no, pretextando fines patrióticos, sociales, económicos, políticos, religiosos, revolucionarios, reivindicatorios proselitistas, raciales, localistas, regionales, etc., cometieren delitos contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos de cualquiera clase o de sus bienes: (...) y a quienes construyeran barricadas, parapetos, trincheras, obstáculos, etc., con el propósito de hacer frente a la fuerza pública en respaldo de sus intenciones, planes, tesis o proclamas”.

Sobre esta base, Yánez asegura que muchas empresas han judicializado los actos de las personas que opinen sobre sus actividades. En organismos como el Comité Ecuménico por los Derechos Humanos se hace el seguimiento a estos casos en provincias como Bolívar, Azuay o Zamora Chinchipe.

Las investigaciones bajo esas figuras no solo apuntan a indígenas y campesinos. Dirigentes de la Unión Nacional de Educadores, como la expresidenta Mery Zamora y William Pazmiño, también son investigados en la Fiscalía del Guayas, acusados de sabotaje y terrorismo, supuestamente por instigar a los estudiantes a las protestas durante la revuelta policial del 30 de septiembre pasado.

Otros casos se registran en Esmeraldas. En esta provincia, sobre la prefecta Lucía Sosa pesa una indagación fiscal por atentar contra la seguridad nacional. “Es lo mismo que le hacen a todos lo que discrepan con el presidente Rafael Correa: lo acusan de terrorismo, y a esta mujer la investigan por terrorismo solo porque dije que La Concordia es y será el octavo cantón de la provincia de Esmeraldas”, refiere.

El uso de la figura de terrorismo en estos casos no se justifica, aseguran expertos.

El analista político Francisco Rocha explica que el Ecuador suscribió la Convención de Lucha contra el Terrorismo y su Financiamiento a inicios de los noventa y lo ratificó en 1998, lo que significa que este documento forma parte del ordenamiento jurídico del país y plantea una definición mucho más clara del terrorismo como acciones de grupos organizados que apuntan a quebrar un sistema o a generan terror, mas no a ocasionar desmanes.

Rocha califica como una falta de coherencia del Gobierno que no ha reconocido a las FARC como terroristas, mientras sí califica así a muchas movilizaciones y protestas locales.

El catedrático y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rodrigo Bucheli Mera dice que el contenido del artículo 160 del CP tiene expresiones tan genéricas que ubican multiplicidad de conductas como susceptibles de procesamiento penal. Esta situación hace que en ejercicio del poder se puedan criminalizar aspectos de diferente orden, porque la determinación del delito no es concreta.

Para José Serrano, ministro de Justicia, no existe una criminalización de la protesta en el país. “Nosotros perseguimos a quienes están cometiendo actos de criminalidad, que van en contra de la normativa ecuatoriana”, dice. Según él, no se puede rechazar una medida de resistencia mientras sea pacífica. Añade que no hay una contraposición entre el Código Penal y el derecho a la resistencia, y que serán muy cuidadosos en que se respeten los derechos consagrados en la Constitución.