Pablo Chambers es un ingeniero comercial que dejó de lado, parcialmente, su trabajo como consultor de empresas para coordinar la veeduría ciudadana que investigó los contratos entre las empresas relacionadas con Fabricio Correa y el Estado.

Lo hizo, sostiene, porque “estaba extremadamente malgenio”. En el 2008, los guardias del edificio de Andinatel le dijeron que no podía pasar, que “era una orden de arriba”. La razón: como especialista en telecomunicaciones había criticado en la prensa las estadísticas oficiales sobre líneas telefónicas en Galápagos. Eso no les gustó a las autoridades y no lo dejaron pasar de la acera. Eso lo motivó, dice, a postularse como veedor, un caso que, luego de un año y cinco meses de investigación, lo tiene amenazado con juicios de los hermanos Correa.

Ambos no aceptan las conclusiones: que el presidente sabía de los contratos, que hubo favoritismo e ilegalidades y que el perjuicio suma unos $ 143 millones.

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¿Cómo llegaron a esas conclusiones?
En cadena, el presidente nos hizo cuatro preguntas. La primera era que se establezca si él conocía de los contratos de Fabricio Correa y nosotros, documentadamente, decimos ‘sí, señor, conocía’. No quiere decir que estaba metido en esto; simplemente conocía. En un video dice que conocía de Cosurca y de la Corporación Financiera (CFN, que le dio un crédito a Megamaq, de Fabricio). Esto es importante porque en Cosurca no aparece Fabricio Correa, sino International Energy Overseas Corporation (panameña). (Pero el presidente dijo que) sí conocía el préstamo de la CFN. Resulta que Megamaq era dueña de International Overseas. Revisamos 720 minutos de video para llegar a esa conclusión. Y no sacamos video de terceras personas, sino solo lo que dice el presidente. Y adicionamos una grabación de audio del exministro de Obras Públicas Jorge Marún, quien dice que todo contrato que estaba dentro de una emergencia iba a la Presidencia.

La Presidencia podía saber del contrato, no del contratista.
Si el presidente ya sabía cómo se había conformado ese circulo, se infiere que podría haber sabido de los contratos, porque llegaron a la Presidencia...

¿Qué otras bases tienen?
La segunda pregunta que hizo el presidente es si hubo favoritismo. Lo que hicimos fue ubicar extraños eventos que harían pensar que eso no le habría sucedido a una persona normal. Por ejemplo, encontramos que el contrato del sifón Limones, que es parte del proyecto de riego Zapotillo, se le adjudica a Cosurca sin estudios definitivos, cuando la Ley de Contratación Pública dice que eso no es posible sin los estudios, y se le dio el 80% de anticipo (más de $ 4 millones). Lo más interesante es que se firma el 24 de diciembre del 2008.

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¿Y cuáles son las ilegalidades y el perjuicio de $ 143 millones?
En todos los casos hay una ilegalidad de inicio: en los pliegos se establece que el artículo 62 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública dice que el Estado no podrá contratar con personas de hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad respecto del presidente. Más allá de eso recogimos criterios de la Contraloría y la Procuraduría en una serie de contratos.

¿Y el supuesto perjuicio en cuántos contratos sale?
Nosotros vemos un perjuicio a los ciudadanos. Son 17 o 18 contratos. No podemos establecer que exactamente son $ 143 millones, porque, por ejemplo, no se sabe si fue pagado el préstamo de la CFN. No hemos logrado establecer eso, porque el presidente de la CFN, Camilo Samán, no responde. No sabemos cuánto se le dio de anticipo. Samán decía que $ 3,5 millones; Fabricio, que $ 5 millones; y cuando nos entregaron la documentación, justo esas hojas se habían perdido.

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La veeduría demoró año y cinco meses. ¿Hubo presiones?
No tanto para nosotros, más para ellos.

¿Por qué?
Porque nosotros íbamos a seguir hasta conseguir las cosas. Primero quisieron utilizarnos.

¿Quién?
El Gobierno.

¿Utilizarlos?
Para santificar algo que no se podía santificar.

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Pero la veeduría era parte del Consejo de Participación, que es independiente del Gobierno.
Ese canal es inoperante. En el informe decimos que una de las cosas que vemos es que la ciudadanía no es consultada, sino utilizada para legitimar acciones políticas. Eso pasó con esta veeduría: nos estaban tratando de utilizar para una acción política.

Hoy, Rafael y Fabricio Correa amenazan con enjuiciarlo.
Voy a estar bastante complicado. Pero desde ahora lo digo: no me voy a defender.

Pero si no se defiende corre el riesgo de ir a la cárcel.
Lo que hice fue presentar los hechos, no opiniones ni juicios de valor. Los hechos tal y como son. Esos hechos van a estar ahí, me juzguen o no.

Pero esos hechos que exponen son graves. Dicen que el presidente sabía de los contratos de las empresas relacionadas con Fabricio, que hubo ilegalidades, favoritismo, perjuicios...
Es que esa era nuestra labor. En la Constitución dice que se defenderá el derecho de los ciudadanos a participar y a decir lo que tengan que decir. Es más, el presidente nos convocó para que hagamos lo que hicimos. Es como que usted es mi abogado y me pide una versión. ¡Yo se la doy y luego me mete un juicio!; ¡esto no entiende nadie!; ¡ellos me dicen que haga una mesa roja con negro y me meten juicio porque hice la mesa roja con negro!

El presidente Correa lo descalifica porque dice que usted fue presidente de Pacifictel, una de las empresas con mayores denuncias de corrupción, en el gobierno de Lucio Gutiérrez.
A uno le pueden meter a un cementerio y eso no significa que uno esté muerto. Si es que él ha encontrado un dólar que yo haya malgastado, invertido mal o feriado durante el tiempo que fui presidente de Pacifictel, me voy a la cárcel. Yo renuncié (en el 2004) porque pedí que se cierre Pacifictel… Yo ni siquiera voté por Lucio Gutiérrez. No le discuto al presidente; ese lugar era podrido, pero nosotros entonces hicimos las cosas bien. Los de la Revolución Ciudadana mandaban a traer la comida del hotel Colón y costaba como $ 80 cada almuerzo, mientras que nosotros poníamos de nuestra plata y mandábamos a traer chaulafanes. Por eso nunca me van a encontrar algo mal hecho.

Fabricio también lo desprestigia. Dice que tiene 11 juicios.
No. Son 18. ¡Me han caído cualquier cantidad de juicios! No los he visto aún, pero cuando pase esto vamos a ver de qué se tratan. Con esos juicios no puedo aspirar ni a ser guardia. Espero que no haya violaciones ni asaltos a mano armada...

Fabricio también dijo que lo demandará.
Ahí tampoco me voy a defender. Quien tiene que defenderme es el presidente y el Consejo de Participación Ciudadana (CPC). Sería terrible que se sentara este tipo de precedentes. Nosotros (los integrantes de la veeduría) no estamos hablando por nosotros, hablamos por el CPC. Entonces, cualquiera de los señores Correa no podría meternos juicio a nosotros sino a ese Consejo.

¿El CPC reconoce el informe de la veeduría como suyo?
Así es. La señora (Marcela) Miranda (presidenta del CPC) es quien debe responder...

¿Ustedes (los de la veeduría) no tienen inmunidad?
No, pero tengo entendido que está por salir una resolución en la Asamblea. Es algo que me parece lógico, es una protección que la merecemos. ¿Quién va a meterse en una veeduría si el mismo que lo contrata le quiere enjuiciar? Es una barbaridad que no puede darse... Veo que existe un sistema de administración pública que no tiene límites, donde no hay la estructura jurídica ni ética válida. Se ve parecido a las cruzadas.

¿Cuál es el parecido?
En ese tiempo, los cruzados violaban, mataban, robaban en nombre de Dios y lo único que tenían que hacer luego era confesarse ante el santo padre para tener la absolución.

¿Eso se repite en el país?
Yo le veo muy parecido.

¿Se ha sentido perseguido?
Vigilado, digamos.

¿Por Fabricio o por Rafael?
Ahora sé que por los dos.

¿Hubo intentos de sobornarlo?
Hubo menciones de gente que decía ‘por qué no conversas’.

Esas palabras suenan muy inocentes...
Prefiero no pensar en eso, porque no lo hubiera hecho... Yo probablemente tenga un precio, pero no es un precio monetario, porque mi afán en la vida no es ese...

Perfil: Pablo Chambers
Edad
53 años

Profesión
Ingeniero Comercial, graduado en Inglaterra.

Experiencia
Consultor empresarial, exgerente de varias industrias, expresidente del directorio de la telefónica Pacifictel (entre marzo del 2004 y principios de enero del 2005).

Familia
Tiene tres hijos, dos de ellos residen en el exterior.