Patricia Villarruel
MADRID.- Cuando el reglamento que desarrolla la nueva Ley de Extranjería entre en vigor, previsiblemente en dos meses, los inmigrantes indocumentados con hijos menores de edad españoles podrán acceder a un permiso de residencia.

Es lo que en la normativa se denomina el "arraigo familiar", una figura que constituye novedad en el borrador del cuerpo legal que ayer presentó la secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón.

Sin embargo, los progenitores ecuatorianos "sin papeles" no podrán beneficiarse debido a los cambios constitucionales que impulsó el presidente Rafael Correa, que al momento suponen un verdadero lastre para cientos de familias.

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El artículo 7 de la Carta Magna establece que son "ecuatorianos por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en Ecuador y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad". Por ello en España, desde octubre del 2008, los hijos de los inmigrantes ecuatorianos no obtienen la nacionalidad española de origen aunque nazcan en este país europeo y son ecuatorianos de forma automática.

Si los padres carecen de documentación, deberán buscar otras vías como el arraigo laboral (se concede a los extranjeros sin antecedentes penales que viven al menos dos años en España y demuestran relaciones laborales de una duración no inferior a los seis meses).

También podrían optar por el arraigo social (destinado a inmigrantes sin antecedentes penales que acumulan como mínimo tres años de residencia, disponen de un contrato de trabajo por al menos un año, tienen vínculos familiares y el ayuntamiento o comunidad autónoma donde reside les ha emitido un informe de integración social favorable).

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El arraigo familiar podría, sin embargo, ser una vía válida para ecuatorianos con hijos menores españoles que en su momento disponían de un permiso de residencia y trabajo pero que tras permanecer varios meses en el paro no han podido renovar sus autorizaciones. Ellos han caído en una situación que las autoridades denominan de "irregularidad sobrevenida".

En virtud del reglamento quien se acoja a esta figura deberá estar a cargo del menor español y convivir con él.

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Según España, esta medida se adopta para evitar situaciones en las que los padres "sin papeles" pueden ser expulsados y sus hijos, españoles, quedar solos. Pero explicó que "el arraigo es algo excepcional, un remedio jurídico, que irá disminuyendo cada vez más por razones de contexto y realidad".

Otra de las novedades del borrador del reglamento tiene que ver con las políticas de retorno. Los inmigrantes con autorizaciones vigentes que no se acogieron al programa de retorno voluntario mediante el subsidio por desempleo pero que regresaron a su país de origen, pueden acudir a los consulados españoles y renunciar a la titularidad de sus permisos.

Ellos tienen la posibilidad de regresar a España después de tres años y teniendo una oferta de trabajo, condición que es indispensable.

En lo que respecta a las mujeres maltratadas, la propuesta del Gobierno socialista busca evitar que las inmigrantes ilegales sean expulsadas. Si se aprecian indicios de agresiones, existe la posibilidad de suspender el expediente administrativo y acceder a un permiso provisional. Cuando el proceso concluya en sentencia condenatoria, la Administración extenderá una autorización para los próximos cinco años.

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Detalles: De la ley
Con retraso
El documento que debió estar listo ocho meses atrás está integrado por 264 artículos.

Nueva modificación
El Congreso considera una ley del opositor Partido Popular para cambiar dos artículos y suprimir la apertura del expediente de expulsión para quienes denuncien agresión, explotación o trata.