La representación legal, judicial y extrajudicial de la Policía Nacional, así como su reorganización, fueron asumidas en su totalidad por el Ministerio del Interior.

Así lo dispuso el Decreto Ejecutivo 632, emitido el pasado 17 de enero.

Con esta diposición del Presidente de la República, Rafael Correa, se establece que el personal policial de línea se debe dedicar exclusivamente a mantener la paz, el orden y la seguridad pública; prevenir los delitos; participar en la investigación de infracciones comunes, y cooperar con Justicia, actividades operativas incluidas en la Ley Orgánica de la Policía Judicial.

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En cuanto a las actividades administrativas policiales, estas las realizarán los civiles que contrate o designe el Ministerio del Interior.

El decreto tiene tres artículos y tres disposiciones transitorias. El Ministerio del Interior tiene un plazo de 90 días para ejecutar las acciones administrativas para reorganizar la estructura organizacional de la institución. Su titular, mediante acuerdo ministerial, podrá reestructurar los segmentos administrativos y operativos de la Policía.

Mientras, el personal civil que labora actualmente en la Policía pasará al Ministerio del Interior. Los bienes muebles e inmuebles de la institución policial pasarán además a esta cartera de Estado.