La Contraloría estableció responsabilidad civil culposa en contra de 138 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) por la toma del aeropuerto Mariscal Sucre, de Quito, el 30 de septiembre pasado, en rechazo a la Ley de Servicio Público que aprobó la Asamblea Nacional.

El lunes pasado la Unidad Administrativa de Control de este organismo presentó el informe del examen especial realizado a la utilización de bienes públicos en la Base Aérea de la capital, en la protesta del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2010.

La Contraloría inició la auditoría por el perjuicio que le representó al Estado el cierre de las operaciones y vuelos nacionales e internacionales por la interrupción de la pista de la terminal aérea por un grupo de militares de la FAE.

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La Unidad señaló que la responsabilidad administrativa culposa es de $ 165.600, y la responsabilidad civil, de $ 44.622. El total del perjuicio para el Estado por el cierre de operaciones es $ 210.222.

Según la Contraloría, el jefe de la FAE, Leonardo Barreiro, presentó la nómina de 152 personas identificadas en los acontecimientos en la I Zona Aérea, que se redujo a 138 con presentación de pruebas de descargo y justificativos de algunos.

Los nombres de los implicados se mantienen en reserva.

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Las sanciones para los militares es un secreto bien guardado en las FF.AA. y el Ministerio de Defensa. El día de la revuelta policial, decenas de uniformados protestaron en el Ministerio de Defensa.