Las autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ) desestimaron ayer –con cifras en mano– las críticas que el Gobierno ha lanzado contra ellos por no sancionar a los operadores de justicia que habrían permitido, según el régimen, la caducidad de la prisión preventiva de presuntos delincuentes.

Además, reprocharon la actitud “politiquera” del ministro de Justicia, José Serrano, quien denunció que 4.436 jueces a nivel nacional no emitieron su sentencia en el plazo establecido por lo cual se configuró la caducidad.

El vicepresidente del CJ, Herman Jaramillo, puntualizó que no es posible destituir a los servidores judiciales solo a base de una acusación como la que hizo el Ministro, ya que antes deben abrirse sumarios administrativos para investigar.

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Por ello y en compañía del vocal Óscar León, integrante de la Comisión de Administración de Recursos Humanos del CJ, exhibió un cuadro con los resultados que la institución obtuvo en el 2010: Desde el 1 de enero hasta el 16 de diciembre, la Judicatura emitió 479 resoluciones a nivel nacional, entre destituciones (50), suspensiones (51) y multas (125).

Las estadísticas revelan que Pichincha fue la provincia donde más se tomaron resoluciones (161), seguida de Guayas (87). Esta última fue donde más se desecharon y archivaron los sumarios aperturados.

Serrano denunció en junio del año pasado que 4.436 personas salieron libres por la caducidad de la prisión preventiva desde el 2007, y que la mayoría de las caducidades ocurrieron en Guayas.

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El anuncio motivó críticas del presidente Rafael Correa, en especial por la actuación de los jueces en Guayas y la falta de sanción hacia ellos por parte del Consejo de la Judicatura.

Sin embargo, el Vicepresidente del organismo reprochó ayer que el Ministro se haya convertido en un fiscalizador en vez de preocuparse, dijo, por rehabilitar a los reos.

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“Un sumario es previa investigación; no es porque el señor Ministro de Justicia en forma politiquera diga ‘4.000 casos se han dado’ y quiera que los botemos. No, tiene que investigarse porque lo dice la ley”.

Recalcó que el Código de la Función Judicial solo establece la destitución de un funcionario si incurre en tres faltas en un mismo año.

Defensa: De gestión
Recursos
El vocal del Consejo de la Judicatura, Óscar León, lamentó que el presupuesto que el Gobierno aprobó para la institución para el 2011 sea de $ 196 millones cuando se pedían $ 411 millones.

Concurso de méritos
Para realizar un concurso se necesita de un reglamento que tiene que elaborarlo el nuevo CJ, que debe elegir el Consejo de Participación, dijo el vocal Herman Jaramillo.