Familias de comunidad shuar exigen salida de una minera

Marcelo Tsamarenda, habitante de la comunidad oriental shuar Taruka, ya no puede tomar agua limpia del río Taruka como estaba acostumbrado.

Es que desde hace cinco meses, dos kilómetros arriba de su finca, se explota una mina a cielo abierto, donde el lodo y los químicos que se utilizan para buscar el oro se filtran en las aguas de esa vertiente que recorre esa comunidad perteneciente al cantón Cascales, al noroccidente de la provincia de Sucumbíos.

Los problemas en esta zona habitada por 40 familias empezaron hace cuatro meses, cuando el comunero Ricardo Entzakua, quien padece problemas de discapacidad física, vendió a Antonio Perea, de nacionalidad brasileña, dos hectáreas de tierras para explotar oro. Pero el problema no solo es para esa comunidad sino para otras y para la selva amazónica y para fincas de colonos.

El extranjero pagó al comunero 4 mil dólares y además ofreció entregarle un carro, piscinas para cría de peces, una computadora y estudios de chofer profesional para un familiar suyo en el sindicato de choferes, contó su hermana María Entzakua.

Pero “el señor brasileño no ha entregado nada de lo ofrecido”, afirmó la mujer. María agregó que el extranjero tiene dudas de que la minera que instaló en esos terrenos que le vendió su hermano –a menos de un kilómetro del poblado shuar de Taruka– siga trabajando en esa zona, ante la oposición de la comunidad por la contaminación que está produciendo.

Además de la afectación del río, la comunidad señala a la compañía minera de Perea como la responsable de la tala de bosque y de la división que hay en la comunidad.

Algunos habitantes se oponen a la presencia de la minera en la zona, mientras no se firme un convenio de compensación social y la compañía presente los permisos que le autoricen explotar la mina.

Marcelo Tsamarenda, de 28 años, aseguró que las especies del río Taruka se están muriendo por la contaminación de las aguas del río, por causa de la explotación de oro.

Las familias que habitan a lo largo del afluente también resultaron afectadas por la contaminación. Ellas dijeron que las aguas se ponen turbias y temen utilizarlas para sus animales y sus cultivos.

“Nuestra síndica (la máxima autoridad de la comuna) no ha firmado algún acuerdo, entonces la minera tiene que retirarse”, enfatizó Tsamarenda.

En tanto, Bosco Guarusha denunció que la compañía no ha presentado los permisos ambientales, por lo tanto su actividad es ilegal.

“Yo he dicho vengan con documentos legales y hablamos, pero nada han presentado”, agregó el campesino shuar.

De su parte, Paúl Bisuma, representante legal de la compañía minera (que todavía no tiene nombre), reconoció que esta no tiene autorización para sus actividades mineras.

“Los trámites para obtener los permisos están listos, solo esperamos el convenio con la comunidad”, señaló Bisuma.

Aseguró que la comunidad recibió 45 mil dólares de compensación luego del acuerdo verbal con dirigentes de una parte de la comuna. Mencionó también el lastrado de 50 metros de carretera, una máquina de aserrío y 7.900 dólares en efectivo.

Al respecto, los comuneros admitieron haber recibido el dinero, las obras, y la ayuda del dueño de la minera. No obstante, señalan que ese monto no justifica lo que deberían recibir, ni compensa los daños causados en su entorno.

Perea, principal accionista de la minera en Taruka, señaló que la compañía emplea a 20 personas de la zona y que cumpliendo con los pedidos que hace la comunidad, al final de la explotación dejará reforestando el área talada con la siembra de balsa, como acordó con el propietario de la finca.

Los comuneros de Taruka sostienen que toda esta problemática de tala de bosque y explotación ilegal de la mina ocurre “a vista y paciencia del Ministerio del Ambiente”.

Funcionarios de la Dirección Provincial de Sucumbíos no han querido pronunciarse sobre el tema, pese a que este Diario insistió en pedir una entrevista, por tres ocasiones.

Mientras, Tsamarenda sigue a la espera de una autoridad que suspenda las operaciones de la minera cuestionada. Él teme que los animales de su finca mueran si beben el agua del río que la atraviesa.

Más datos: Contaminación
En Azuay
El pasado 18 de noviembre, dirigentes barriales, agricultores, autoridades, entre otros habitantes de la parroquia El Carmen de Pijilí, cerraron por dos horas la vía de ingreso que conduce a esa comunidad, para rechazar el asentamiento de los mineros informales porque, aseguran, contaminan los ríos.