Los dirigentes indígenas advierten que si los gremios no son considerados en la realización de la consulta prelegislativa –necesaria para aprobar ciertas leyes como la de Aguas–, el Gobierno se aprovechará de dicho proceso para deslegitimar a las organizaciones indígenas y dividir a las bases.

La semana pasada la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea presentó a los indígenas el último borrador sobre la consulta prelegislativa, que se incluirá a manera de reformas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que está pendiente para segundo debate en el pleno.

Pese a las reuniones que los asambleístas han mantenido con representantes indígenas, afroecuatorianos y montubios, el borrador que auspicia el oficialismo mantiene que la presidencia de la Asamblea convocará a las comunidades, pueblos y nacionalidades a participar en la consulta e inscribirse en el Legislativo.

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Además plantea que quienes la tramitarán serán el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe), la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano (Codae) y el Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa (Codepmoc), todos adscritos al Ejecutivo.

“Está claro que a través de la consulta prelegislativa, que es una lucha de los movimientos indígenas, el Gobierno quiere disputar las bases, ir directamente a ellas y hacerlas más cercanas a las lógica del Gobierno”, dice el presidente presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Luis Andrango.

El titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Santi, cree que la intención del régimen es pasar por alto a las organizaciones, deslegitimarlas y romper la unidad del movimiento indígena.

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El sector ha exigido a la Comisión que tome en cuenta a las organizaciones indígenas para la realización de la consulta, porque el art. 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala: “Los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

La asambleísta Marisol Peñafiel (PAIS), de la Comisión de Justicia, menciona que aunque el tema aún no está del todo definido, puede haber otros gremios que no se sientan representados por las organizaciones mencionadas y por ello cabe hacer la convocatoria de manera general a todos los pueblos.

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“¿Qué pasa con organizaciones que no son parte de las Fenocin, Conaie, Feine? ¿Las dejamos a un lado; no tienen derecho a ser consultadas?”, se cuestiona Peñafiel.

Pero el legislador de Alianza Libertad y representante de la Feine, Marco Murillo, difiere e indica que si se acude directamente a las bases habría dispersión, y la aplicación de una consulta prelegislativa no traería consecuencias positivas.

Andrango refiere, por ejemplo, que solo para Ley de Aguas deberán convocarse cerca de 5.600 consultas, con lo cual el proceso demoraría más de un año. Sugiere que inclusive para evitar tanto gasto, sería mejor tomar en cuenta solo a las organizaciones ya constituidas.

Peñafiel asegura que si se aprueba la normativa tal y como está hasta el momento, la consulta a la Ley de Aguas tardaría alrededor de un mes porque también se debe considerar que las reformas a la Ley de la Función Legislativa no son remitidas al Ejecutivo para su sanción, sino que basta con la aprobación en el Pleno, tal como lo dispone el art. 63 de la misma ley.

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Pero como el tema consta aún en borrador, la realización de una consulta para la Ley de Aguas es incierta.

Apuntes: Consulta prelegislativa
Agenda
La Comisión de Justicia tiene previsto presentar en los próximos días el informe de borrador sobre la consulta prelegislativa para segundo debate.

Reglamentación
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) será el encargado de reglamentar la consulta, una vez que la ley sea aprobada en el pleno. Lo hará sobre la base de la sentencia emitida por la Corte Constitucional (CC).

Ejecutivo
El presidente Rafael Correa ha sugerido el archivo del proyecto de Ley de Aguas, pues además de no ser una normativa prioritaria para el régimen –según ha dicho– cree que gremios como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) quieren manejar el líquido vital.