Un informe de la tercera sala de la Corte Constitucional (CC) definirá si el ajusticiamiento a los cinco implicados en la muerte de Marco Antonio Olivo, ocurrida en la comunidad de La Cocha el pasado 9 de mayo, se trató de justicia indígena o de un plagio.

El informe, según el presidente de la tercera sala de la CC, Manuel Viteri Olvera, será entregado a finales de mes al pleno del organismo, que es el encargado de resolver si acepta o niega la acción de protección extraordinaria que plantearon las comunidades, en un intento por definir el alcance de aplicación de la justicia indígena.

Según la defensa, la justicia ordinaria también inició un segundo proceso por el mismo delito a Orlando Quishpe Ante, Flavio Candelejo Quishpe, Iván Candelejo Quishpe, Wilson Chaluisa Humajinga y Kléber Chaluisa Umajinga, detenidos en la Cárcel Nº 4 de Quito.

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Carlos Poveda, abogado de los indígenas, dijo que se violentaron las normas constitucionales que impiden el inicio de procesos que revictimicen a las personas y se provoca una criminalización de la justicia indígena.

Por ello, Álex Alajo, dirigente de La Cocha, pidió a la CC anular la sanción de suspensión del cargo que se impuso al presidente de la Corte de Cotopaxi, Amador Herrera, quien liberó a supuestos implicados en el caso de ajusticiamiento.

Según Alajo, lo ocurrido en La Cocha fue la acción de la justicia indígena, aplicada como una tradición ancestral.

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Asistieron a la audiencia las asambleístas Lourdes Tibán y Diana Atamaint, de Pachakutik, y el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Marlon Santi.