Son las 06:30 del 30 de septiembre. Una hora antes, la guardia presidencial ya estaba de pie en el Palacio de Carondelet. En el sitio todo es calma. De pronto, policías y militares reciben un mensaje: deben estar atentos a cualquier movimiento de Rafael Correa. La alerta tempranera los sorprendió porque “no estaba saliendo mucho después de la operación de su rodilla”, narra Alexis Cifuentes, teniente de Policía, adiestrado en Chile, que horas más tarde pondría en riesgo su vida por darle protección al Mandatario.

Minutos después, a través de la señal de televisión, responsables de la Casa Militar conocen que en el Regimiento Quito Nº 1 policías –la mayoría de tropa– han iniciado una protesta en rechazo a la aprobación de la Ley Orgánica de Servicio Público en la Asamblea Nacional la noche anterior y que, según los manifestantes, los privaría de varios beneficios salariales. El anuncio sorprende a medio centenar de policías que labora en la guardia del Palacio de Gobierno.

A esa hora, Irina Cabezas, que ese día asumía la Presidencia de la Asamblea, ante la ausencia de Fernando Cordero (había viajado a Europa), se enteró a través de su escolta de la protesta mientras se dirigía de su casa al hotel Mercury, donde tenía previsto inaugurar un taller sobre la Ley de Discapacidades, pues el vicepresidente Lenin Moreno, responsable del área, regresaba de Estados Unidos ese día.

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Al interior de Carondelet, desde antes de las 08:00 y luego de las terapias de rehabilitación en su rodilla derecha, Correa está pendiente de los sucesos policiales a través de la televisión. Además mantiene diálogos con sus colaboradores, entre ellos el ministro del Interior, Gustavo Jalkh; el secretario de la Administración, Vinicio Alvarado; el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado; y su secretario particular, Galo Mora.

Hasta el hotel Mercury, mientras Cabezas da una charla, llegan dos escoltas policiales en un patrullero para darle protección como líder de la Asamblea. Al rato recibe una llamada del administrador del edificio de la legislatura, Francisco Torres, quien le cuenta que hay problemas: las puertas están cerradas, policías lanzan gas hacia ellos y no dejan ingresar a los asambleístas.

El secretario de la Asamblea, Francisco Vergara, también llama a Cabezas para indicarle que había conversado con el jefe de la Escolta Legislativa, coronel Rolando Tapia, quien le indicó que no garantizaba la seguridad de los asambleístas, pues ese día estaban “de brazos caídos”.

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En ese momento la protesta policial, que desde antes de las 07:00 había comenzado en Quito, se traslada a otros comandos provinciales y tuvo eco en Guayas, donde seis días antes de la revuelta se había reunido la cúpula policial con personal del III y IV distritos. Al día siguiente, en la capital, también se reunió con gente del I y II distritos.

Pese a las reuniones previas, en la revuelta los policías desconocen al entonces comandante general, Freddy Martínez, quien en vano intenta calmar a la tropa y le dice que lo que él les había informado una semana antes era verdad (que la ley no afectaría sus ingresos). Pero lo acusan de no respaldarlos; incluso, desde el Regimiento Quito Nº 1, un policía denuncia que días antes, cuando él los visitó, no escuchó sus pedidos.

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Correa dialoga una y otra vez con sus colaboradores sobre la protesta. De pronto, sin oír la sugerencia de sus asesores, decide ir al regimiento “a enfrentar y a desmentir” los presuntos perjuicios que sufrirían Policía y Fuerzas Armadas (que horas más tarde también protestarían, pero levemente) con la nueva ley.

Cerca de las 08:30, la guardia presidencial se alista porque el Presidente iba a dirigirse al Regimiento Quito N º 1. Enseguida salen en caravana de al menos diez carros, incluido el del Mandatario, funcionarios de su Gobierno, el ministro Jalkh y personal de seguridad, además de su enfermera y el responsable de la terapia de su rodilla.

“Intentamos pedirle al Presidente, primero conocer cuál era la situación real de los hechos para tomar una decisión, pero él lo decidió (ir al Regimiento)”, detalló luego un funcionario de la Presidencia de la República.

Así, el Mandatario arriba al sitio de la protesta. Desde que desciende del vehículo “baja prepotente, agresivo, se zafa la corbata y empieza a discutir con el personal (policías)”, narró en la Fiscalía Julio Cueva, comandante del Distrito Metropolitano.

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El ministro de Defensa, Javier Ponce, se entera de la protesta mientras se dirige a su despacho; poco antes de las 09:00, le avisan por teléfono que la Base Aérea había sido tomada por elementos militares, y el Puente de la Unidad Nacional también, pero solo por policías.

En el Ministerio reúne al personal y le explica que van a recibir una compensación en lugar de los beneficios que les quita la Ley de Servicio Público; los militares responden a gritos: “¡Ahora, no mañana... ahora!”. El Ministro pide calma y se traslada a la Base Aérea.

Fuentes policiales dicen que la huelga que se veía venir desde el 2009, cuando los policías conocieron que les quitarían beneficios, no tenía fecha.

Se adelantó por la aprobación de la Ley de Servicio Público y se organizó entre mayores y capitanes, con participación de una parte de los suboficiales mayores y primeros. La convocatoria se hizo la mañana del 29 de septiembre, vía teléfono celular y boletines. Miles se suman.

Casi recuperado de la perforación pulmonar originada tras un golpe que desconoce quién se lo dio y que le lesionó dos costillas cuando protegió la rodilla de Correa, el teniente Cifuentes recuerda: “En primera instancia no nos permitieron el ingreso, en la guardia pensamos que nos íbamos al Palacio con tranquilidad, pero el Presidente decidió volver e insistir, y entrar...”.