Nueve personas, siete de ellas menores de edad, de las comunidades Tetrón y Capilla, del cantón Cañar, fueron castigadas con látigo y ortiga por supuestamente irrumpir en un colegio, golpear a un estudiante y lanzar amenazas contra otros alumnos y profesores.

La sanción la impuso la Asamblea General de la comunidad Quilloac la noche del miércoles pasado, dentro de la aplicación de la justicia indígena. Los familiares propinaron el castigo a los acusados, quienes habrían cometido los actos vandálicos entre el lunes y martes. En el caso de algunos menores cuyos padres son migrantes, los encargados de castigarlos fueron sus apoderados.

Los nueve negaron inicialmente los hechos. “No hicimos nada, solo jugábamos con las bicicletas y un profesor loco mandó a seguirnos con palos y piedras”, repetían los jóvenes, entre ellos Walter Buñay, de 18 años, y otro de 16, durante el juzgamiento que duró cuatro horas y donde intervinieron padres de familia, dirigentes de las comunidades y pobladores.

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Pedro Solano, rector del Instituto Intercultural Bilingüe Quilloac, señaló que el lunes pasado, en que se celebraba el Día del Novato, los acusados –a bordo de bicicletas– irrumpieron en el acto y al otro día volvieron e interrumpieron las clases.

“Un profesor contó que golpeaban ventanas de las aulas y cuando se les dijo que necesitaban permiso para permanecer en el lugar se mofaron y empezaron a hacer bulla en el patio, por lo que el mismo maestro pidió a los alumnos más grandes ayuda para sacarles”, dijo.

Según otros testigos, los estudiantes persiguieron por lo menos tres cuadras a los intrusos y luego regresaron a clases, pero más tarde uno de los que intervino en la persecución fue golpeado en una emboscada.

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“Patadas y puñetes hasta botarle al piso”, dijo el padre del agredido, y afirmó que luego lo amenazaron con matarlo.

Tras el incidente, los pobladores buscaron a los supuestos vándalos y encontraron a dos jóvenes con una botella de licor, que llevaron como evidencia.

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Los padres de familia y representantes de los detenidos protestaron contra la comunidad y defendieron a sus hijos, pero la asamblea reprochó la actitud.

“Rechazo que esa madre acuse a la comunidad de prepotente y no reconozca que su hijo cometió un error”, dijo Mercedes Guamán, mientras que Pablo Lojano, otro dirigente, invitó a los jóvenes a que hablen sobre el significado de la vestimenta, estilo de los cortes de cabello y tatuajes que lucían.

Al final los inculpados reconocieron su error, pero nunca dejaron de gesticular y sonreír frente a sus interpelantes. Solo un adolescente de 12 años lloró cuando su tía, quien lo cuida desde hace 6 años –cuando sus padres emigraron–, se negó a castigarlo. Otro de 16 también lo hizo de rodillas ante su madre y su abuela, y solo entonces se descubrió la cabeza, que lucía un cabello con melena, teñido de negro, en contraste con su piel blanca y sus pestañas y cejas rubias.

Para abandonar el recinto, se suscribió un acta transaccional en la que reconocieron la infracción y se comprometieron a no deambular, especialmente por las noches, en las comunidades propias y vecinas.

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Quilloac, a dos kilómetros al sur de Cañar, es la única comuna indígena de la provincia que hizo públicos sus juzgamientos desde que se reformó la Constitución, hace dos años. La comunidad juzgó meses atrás a Guadalupe Pinos, supuesta estafadora que habría vendido casas y terrenos inexistentes. Hace tres meses, dos pobladores que emigraron hace tres años a España y retornaron divorciados y con otras parejas fueron expulsados por infidelidad.