Cambios a la ley que originó sublevación, anuncia el régimen

QUITO
.- Pese a que el presidente Rafael Correa, durante dos días a través de los medios oficiales ha insistido en que no cambiará la Ley de Servicio Público, ayer, la ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, en un comunicado insistió que el gobierno y el bloque de PAIS llegaron a un acuerdo para precisar algunos puntos de dicha Ley, que preocupaban a los servidores públicos y miembros de la Fuerza Pública, a través de reformas.

"Ello implica... continuar con el proceso de homologación salarial para todo el sector público, que se materializa en una política de buenos salarios, mejoras en las condiciones laborales para los miembros de la Fuerza Pública, pero apartados de una práctica de privilegios obtenidos en el pasado", dijo.

En el enlace sabatino, el Mandatario dijo que "la Ley de Servicio Público es muy buena y beneficiosa para los uniformados, solo que no la han leído y hay desinformación. No cambiaré ni un solo artículo".

La norma, fue tramitada durante 15 meses en la Función Legislativa. El presidente Correa envió el proyecto el 2 de julio del 2009 al entonces Congresillo, pero fue la Asamblea la encargada de tramitarlo en primero y segundo debates.

La ley fue enviada a la Comisión de Derechos de los Trabajadores, presidida por la asambleísta Nívea Vélez, quien al ser parte del grupo (ADE), mantenía una acuerdo programático con el gobierno hasta hace unos meses.

La política de Vélez en la Comisión fue recoger los planteamientos de todos los sectores involucrados en la ley y, aunque en el informe para primer debate no se realizaron mayores cambios al proyecto, el suborganismo legislativo ya había recibido a sectores de la Función Judicial y militares que pedían ser excluidos de este proyecto legal.

Además, la Comisión pidió 20 días de ampliación de plazo para elaborar el informe para primer debate, a fin de realizar foros provinciales, que amplíen la discusión de la normativa.

El primer debate se dio finalmente el 6 de noviembre del 2009, en apenas seis horas y los asambleístas centraron sus observaciones en que la Ley de Escalafón del Magisterio, el proceso de descentralización con la autonomía de los gobiernos locales y la independencia de las otras funciones del Estado debe respetarse.

Incluso, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (PAIS), indicó que hay varias disposiciones en el proyecto que contradicen a la Constitución, en lo que respecta a la descentralización y autonomía en la administración pública y presentó 83 observaciones.

Para el segundo debate las comparecencias se incrementaron, enfermeras, funcionarios que eran parte del servicio exterior, autoridades de gobiernos autónomos descentralizados, Consejo Nacional de la Judicatura y otros, fueron recibidos en la Comisión que incluyó sus planteamientos en el informe para segundo debate que fue firmado por los 11 asambleístas de la Comisión.

El Pleno tramitó en dos días el segundo debate (10 al 16 de junio). Para el día de la votación final, el 11 de agosto, la Comisión había acogido la mayoría de planteamientos de los servidores públicos a militares, los gobiernos locales, las enfermeras y doctores y la Ley fue aprobada con 108 votos.

Hasta el 11 de agosto, la Comisión actuaba unida, el oficialismo apoyó el proyecto que había cambiado, lo que la oposición denominaba el "espíritu centralizador" del documento enviado por el Ejecutivo.

Esto, a través de la creación de un "súper ministerio" que controlaría las remuneraciones en todo el sector público, no solo en la Función Ejecutiva (ministerios y secretarías), sino en las otras funciones del Estado, como policías, militares hasta llegar a los gobiernos autónomos descentralizados.

Después del veto y la reunión que el bloque PAIS mantuvo en el Palacio de Carondelet con el presidente Rafael Correa, sus asambleístas señalaron que darán sus votos para la ratificación y firmaron el informe no vinculante sobre el veto.

Pero al final, en la votación de la objeción parcial que llegó a la Asamblea la noche del viernes 3 de septiembre, PAIS se dividió en algunos artículos y la Asamblea solo logró ratificarse solo en 14 artículos.

Aunque en las reconsideraciones pedidas por Alfredo Ortiz (ex ADE) había la posibilidad de que los asambleístas de PAIS que no estaban de acuerdo con el veto del Ejecutivo den sus votos para completar los 83 de la ratificación, esto nunca se dio porque al siguiente día el país amanecía con la policía sublevada, tomadas las instalaciones de la Asamblea.

Ayer fue el último día en que la Asamblea podía reconsiderar la votación para ratificarse en sus textos, pero el viernes pasado Irina Cabezas (PAIS), presidenta (e) de la Asamblea, confirmó que el pleno solo volvería a sesionar mañana.

Vigencia de veto
El veto del Ejecutivo, que tiene más páginas (90) que toda la Ley (75), en las partes que no logró resolver el Pleno la semana pasada, cuando intentó reunirse para allanarse o ratificar el texto original, entró en vigencia por el ministerio de la ley.

Registro Oficial
La Ley en su totalidad regirá cuando la Asamblea la envíe al Registro Oficial.