Emisión de licencia de conductor profesional, proceso cuestionado

El 7 de septiembre del 2009, César Kun Gallegos, secretario general del Sindicato de Choferes Profesionales de Huaquillas (El Oro), envió un oficio a Ricardo Antón, director de la Comisión Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Cnttt). En este le solicita “la actualización de la resolución para proceder a la brevetación de los alumnos de la promoción 2003-2005, toda vez que han cumplido con lo que establece la ley”. Señala Kun que adjunta la lista de 310 alumnos “egresados de esta escuela de capacitación”.

El pedido, que parece un trámite normal, buscaba el visto bueno a una ilegalidad, pues del 2003 al 2007 las escuelas de capacitación estaban cerradas por una disposición presidencial que, además, prohibía la emisión de licencias profesionales mientras se investigaba la presunta venta de estos documentos desde 1999. Hoy hay una indagación fiscal para comprobar si los 310 alumnos de Huaquillas se brevetaron.

Kun, quien lleva más de 16 años en su cargo, admite el envío del oficio, pero recalca que no se aprobó y -asegura- no hubo delito. Y en una entrevista con este Diario, el miércoles 22 de septiembre, revela otra ilegalidad: los 310 aspirantes no hicieron ningún curso.

¿Cómo pretendió que los aprueben, si en esa época no funcionaban las escuelas y, peor, si ellos no hicieron el curso respectivo? Responde: “Porque era un sistema que se venía manejando en todo el país, en los gobiernos anteriores, bajo ese sistema pensábamos que iba a salir y no salió”. El interesado debía pagar una cantidad, de $ 1.000 en adelante, según dos personas que forman parte de esa lista y que indican que no han logrado recuperar los $ 800 que anticiparon. Kun asegura que eran solo $ 500, pero que ya fueron devueltos.

Este caso es uno más que se suma a los que ya se investigan y que involucran a los sindicatos de Choferes de Santo Domingo, Cañar, Santa Elena, El Triunfo (Guayas), Ventanas (Los Ríos). El tema se presenta en una época en la que la Asamblea debate sobre reformas a la Ley de Tránsito, vigente desde hace solo dos años, motivadas por una serie de accidentes que han costado la vida a decenas de personas y en los que se ha señalado como presuntos responsables a los conductores.

En Santo Domingo, por ejemplo, sin que hayan recibido algún curso, 336 personas constaban en una lista de graduados en la Escuela del Sindicato de Choferes Profesionales y así obtuvieron su título de conductor profesional. Cada uno pagó en promedio 3.000 dólares.

Ahora, 201 de esas licencias están en proceso de anulación por parte de la Comisión. Por esta irregularidad y otras en diversos sindicatos hay más de un centenar de indagaciones fiscales por falsificación de documentos, estafa y delito contra la fe pública. Las denuncias fueron de la Cnttt, la veeduría ciudadana Justicia Vial y la Federación Nacional de Choferes.

No obstante, las ilegalidades que surgen ahora no solo corresponden al periodo 1999-2007, el más crítico. En el caso de Huaquillas, hay otra irregularidad que, según el director de Justicia Vial, Guillermo Abad, se debe a la falta de control.

La Escuela de Capacitación del Sindicato de este cantón orense funciona desde el 2009, pese a que recién obtuvo autorización en enero del 2010. Y, es más, ya graduó a una promoción de 90 alumnos del periodo 2009-2010, quienes incluso ya tienen su licencia profesional desde mayo de este año.

Kun argumenta que el curso de capacitación se desarrolló con base en una resolución “antigua, de la época de Roberto Passailaigue (2003)”. Agrega que técnicos de la Cnttt llegaron en el 2009 a vigilar el proceso, pese a que no estaba autorizada. No obstante, desde agosto del 2008 rige una nueva Ley de Tránsito, que en su artículo 93 señala que esos títulos de aprobación los emitirán solo las escuelas autorizadas por la Cnttt o por el Secap.

Abad refiere que ese marco legal establece que si se entregaren dolosamente los títulos, la escuela debe cerrarse. Pero la de Huaquillas sigue funcionando. Hoy, según el mismo Kun, tiene siete paralelos con 208 alumnos. Miércoles 22 de septiembre, 20:30. Solo laboran cuatro paralelos. En uno, que tiene registrados a 32 alumnos, 15 personas reciben clases.

Ricardo Antón, de la Cnttt, indica que no es cuestión de cerrar por cerrar una escuela, que se están investigando los casos. Pero no hay sanciones. Y Guillermo Abad cuestiona: “Esa escuela debe ser cerrada y clausurada. Más aún si se han iniciado cursos sin autorización, debe cerrarse. Eso significa que no pueden brevetarse”.

Abad denuncia además que hay un instituto de Quito que también habría entregado títulos de conducir sin contar con la autorización, entre otros casos que también investiga la Fiscalía. El curso y la brevetación cuestan ahora $ 2.075.

Apuntes: Irregularidades
Indagación
En las fiscalías de El Oro, Guayas, Santo Domingo, Pichincha, Los Ríos, Cañar, entre otras, se desarrollan indagaciones por la supuesta venta de licencias o su entrega ilegal. Hay también denuncias por estafa, de personas que supuestamente entregaron dinero a directivos de determinados sindicatos de Choferes para la obtención de una licencia profesional.

Uno de los casos
En junio, este Diario informó sobre la denuncia de Ricardo Antón, director de la Cnttt, que tomaba como prueba el acta de una sesión del Sindicato de Choferes de Cañar que revelaba que dirigentes de ese organismo en el 2003 pagaban a jueces de Tránsito y determinados policías por las certificaciones de personas que después obtuvieron licencias de chofer profesional. El proceso legal sigue en trámite.