Unos 500 pobladores de esta provincia, entre dirigentes de la política, mineros y autoridades, asistieron ayer a una asamblea en la cual se designó un comité que mediará en el conflicto surgido por el desalojo de mineros de sus áreas de extracción.

Además emitieron una resolución en la que exigen al Gobierno que devuelva los bienes incautados en el centro minero de Congüime y otras zonas; que deje libres a los detenidos durante los operativos de la fuerza pública, entre otros.

El comité tendrá como objetivo “servir de interlocutor entre la población minera y las autoridades de Gobierno”, señaló el prefecto Salvador Quishpe.

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Pero en la reunión, que dirigió Modesto Vega (PSC), alcalde de Nangaritza y presidente del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga), hubo cuestionamientos contra la designación –como coordinador general– de Ángel Erreyes Quezada (Pachakutik), alcalde de Yantzaza.

“No queremos políticos, no queremos más enfrentamientos, se preguntó dónde están los verdaderos trabajadores de la minería, no los veo, nosotros vamos a nombrar una verdadera directiva más adelante”, fustigó Fernando Armijos, trabajador minero, quien criticó la ausencia de representantes del gremio en el comité.

La tensión de la cita contrastó con la calma que se vivió en el centro de este cantón amazónico, donde entre el viernes y sábado pasados se registraron nuevos enfrentamientos entre la fuerza pública y mineros.

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El choque dejó cuatro afectados: dos niños con signos de asfixia, un adulto herido por una bala de goma y un policía con una cortada. Ellos se suman a los siete heridos (seis civiles y un gendarme) del miércoles anterior tras una arremetida de uniformados en Paquisha.

Incidentes
El Gobierno emprendió el miércoles pasado operativos de desalojo de mineros de áreas de extracción de Zamora Chinchipe. Con más de 2.000 hombres, entre policías y militares, y apoyados con maquinaria pesada, irrumpió en Paquisha.

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Decomisos
51 retroexcavadoras ha decomisado la fuerza pública en sus incursiones.