Entre los tres casos que el Gobierno anunció se reabrirán para investigaciones, por presunto abuso policial ocurridos en la última década, está el caso de Damián Peña, estudiante del colegio César Dávila, de 16 años de edad, asesinado el 11 de enero de 2002, presuntamente por una bala de un policía durante una manifestación estudiantil en los exteriores de la Universidad de Cuenca.

En la casa que comparte con sus padres, Sonia Bonilla, madre de Damián, ordenaba las carpetas, sobres y otros documentos que utilizó durante los últimos 8 años, como parte de las pruebas en el juicio del asesinato de su primogénito.

De entre estos documentos, Bonilla sacó el libro que presentó la Comisión de la Verdad como informe de las investigaciones sobre delitos contra los Derechos Humanos que realizó en el país, desde el 2008 y que presentó a finales del año anterior.

Al final del libro, la Comisión cita el caso de Damián Peña, y le asigna el número 100, como un caso de ejecución extrajudicial.

“El informe de la Comisión de la Verdad nos ayudó, porque desempolvó cosas que muchos, especialmente la Policía, querían olvidar, ahora esperamos que el proceso de investigación se desarrolle con transparencia, señaló Bonilla”.

Bonilla, quien asegura que a su hijo lo mataron miembros de la Policía, lamentó que la investigación la retomé el Departamento de Asuntos Internos de la Policía, sin tomar como base el informe de la Comisión de la Verdad.

“Sería mejor que un organismo independiente ejecute las nuevas investigaciones, todos estaríamos más tranquilos con los resultados que presenten, y no la Policía que actuaría como juez y parte”, agregó Bonilla.

La progenitora también advirtió que espera el proceso se maneje sin sorpresas, “ya que desde que empezó el juicio hace casi 9 años, mi familia y yo hemos sido víctimas de persecución por parte de la Policía, incluso intervinieron mis teléfonos y agredieron a mis hijos”, dijo y acotó que tiene mucha fuerza moral y espiritual para seguir enfrentando al poder que asegura, le quitó a su hijo.

“Les dije a los abogados (del Ministerio del Interior), que no nos engañen una vez más, que tampoco intenten hacer escalera política con nuestro dolor, somos escépticos porque en este tiempo nadie hizo lo que debía para ejercer justicia”, recalcó Bonilla y agradeció por la ayuda psicológica que les ofreció el Ministerio, para ayudarles a superar los problemas familiares que desencadenó la pérdida de su ser querido.