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QUITO. Rectores y autoridades universitarias analizaron ayer las objeciones que el Ejecutivo hizo al proyecto de Ley de Educación. En la gráfica Reinaldo Valerezo (de pie) y Carlos Cedeño (c).

Las universidades buscarán a través de la vía legal y movilizaciones evitar que la Ley de Educación Superior se apruebe con las observaciones realizadas por el Ejecutivo.

Ayer, el Consejo Consultivo de Educación Superior se reunió en Quito para analizar el contenido del veto enviado por el presidente Rafael Correa al Legislativo, el pasado viernes.

Según los rectores, la ley tiene varias inconstitucionalidades y afecta directamente a la autonomía universitaria. En ese sentido, el punto más cuestionado fue la función que tendrá la Secretaría Nacional de Educación Superior.

El rector de la Universidad de las Américas (UDLA), Carlos Larreátegui, advirtió que esta dependencia no solo será coordinadora del sistema, sino que concentrará todo el poder en manos del Ejecutivo.

“Todos los bienes del Conesup, información, patrimonio, personal no pasan al Consejo de Educación Superior, pasan a la Secretaría. Este Consejo dependerá de la Secretaría y esta depende expresamente del Presidente”, subrayó.

El decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica, Santiago Guarderas, añadió que la Secretaría no consta en la Constitución y por ende, su creación distorsionará todo el sistema universitario del país.

En respuesta a ese aspecto, las autoridades de la academia ya analizan presentar recursos de protección constitucional, antes del pronunciamiento de la Asamblea en torno al veto presidencial.

Alfonso Espinosa, rector de la Politécnica Nacional, aseguró que en caso de que la ley entre en vigencia como está actualmente, los centros de estudios deberán presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

En los próximos días la Asamblea Universitaria se reunirá para consensuar medidas de presión contra el Gobierno y el Legislativo, y así evitar que pase el veto presidencial.

Guarderas señaló que entre las medidas que se tomarán se organizará un paro de las universidades, cuya fecha deberá ser definida en la Asamblea; aunque precisó que la paralización sería antes del pronunciamiento de la Asamblea.

“Al haberse producido este veto se va a dar paso a este gran paro nacional y probablemente si se llega a aprobar el veto como está, nos acogeremos al derecho a la resistencia”, afirmó.

Otros puntos que preocupan a los rectores son el sistema de homologación de los títulos obtenidos en el extranjero y que tres de los integrantes del Consejo de Evaluación de Acreditación sean delegados por el Presidente de la República.

Larreátegui precisó que el sector universitario está unido y no está resignado a “agachar la cabeza” ante este proyecto del régimen. Alertó sobre las dificultades que tendrán las universidades particulares.