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QUITO. El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Omar Simon, dijo que la única forma de hacer cambios a la revocatoria es con reformas a la Constitución.

La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) interpondrá recursos de protección para suspender los 36 procesos de revocatoria del mandato contra alcaldes que están en trámite en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Pese a que aún está en análisis ante qué jueces u organismos se interpondrán estos recursos, ayer el secretario de la AME, Johnny Firmat, señaló que el objetivo de esta acción no es impedir la aplicación de este derecho establecido en la Constitución, sino que no se lo tramite hasta que se norme este mecanismo.

“Hay que insistir en la serie de vacíos legales que existen en la revocatoria. Hay alcaldes que tienen 6 pedidos y no sabemos cuál se aplicará. Así como está solo se generan casos en los cantones”, puntualizó Firmat.

La preocupación por este tema creció al interior de los Cabildos, debido a que la reglamentación de esta figura constitucional deberá tramitarse en la Asamblea, una vez que el Ejecutivo no lo incluyó en el veto del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad).

Los tiempos para implementar esta regulación son indeterminados. El trámite de un nuevo proyecto o una reforma demoraría al menos dos meses, si se toman en cuenta los plazos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Desde el Ejecutivo, en respuesta al respaldo directo que dio el presidente Rafael Correa a regular este derecho constitucional, se tiene como una de las alternativas impulsar una Ley Especial que regule la revocatoria del mandato.

En tanto, el asambleísta de PAIS, Virgilio Hernández, señaló el jueves pasado que la vía para reglamentar la revocatoria sería reformar el Código de la Democracia y la Ley de Participación Ciudadana.

Esta propuesta es aceptada por la AME, quien entregó su planteamiento legal al Ministerio Coordinador de la Política.

Hasta que se impongan nuevas reglas, los pedidos y el trámite de entrega de los formularios para la recolección de firmas seguirán en el CNE.

Tanto el presidente Omar Simon como el consejero Fausto Camacho advirtieron que continuarán con estos procesos, pues el organismo electoral solo aplica lo que está establecido en la Constitución.

Así, en caso de que un ciudadano consiga el requisito del 10% de firmas para todas las autoridades, a excepción del Presidente, que necesita el 15%, en el plazo de 180 días después de haber recibido el formulario, el Consejo deberá convocar en 15 días al proceso electoral en el que definirá si el dignatario continúa o no en el cargo.

Simon aseguró que el organismo no tiene la facultad legal para incluir causales en el proceso revocatorio y que la única manera para hacer estas reformas es con cambios a la Constitución o al Código de la Democracia.

Solicitudes
Hasta la mañana de ayer 162 pedidos de formularios de recolección de firmas se registraron en el Consejo Nacional Electoral (CNE). De ellos 130 ya fueron entregados a los ciudadanos que lo solicitaron.

Costos
Según proyecciones del organismo electoral, el costo que podría tener el proceso revocatorio para la dignidad de Presidente de la República sería de al menos $ 40 millones. Esto por el gasto logístico de transporte de material electoral en el país, impresión de papeletas, información del evento, entre otros.

Dignidades
En tanto, para la dignidad de funcionarios seccionales, como alcaldes, la cifra disminuye. En caso de un proceso electoral en Quito, el costo no sería mayor a $ 500 mil, mientras que en Guayaquil, a $ 1 millón.