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QUITO. Byron Villacís (i), director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), junto a otros funcionarios de la entidad tratan la supuesta contratación con sobreprecios en la elaboración de materiales para llevar a cabo el Censo que inic

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) festejó un “ahorro” de fondos públicos por $ 800 mil, el 9 de julio pasado. Ese día se realizó la subasta inversa electrónica para adjudicar la impresión de los materiales para el Censo de Población y Vivienda 2010.

La puja se inició con un precio referencial de $ 7,3 millones. Ganó la imprenta Taski, con una oferta de $ 6,5 millones.

La prensa presenció el concurso, tomó fotos, registró los aplausos.

Hoy, los datos oficiales del propio INEC indican que nunca hubo tal ahorro, sino todo lo contrario: un intento –que al final resultó fallido– por adjudicar un contrato sobrevalorado en más de $ 2 millones.

Tras encontrar la irregularidad, sustentándose en estudios de universidades y organismos de control y luego de una investigación de EL UNIVERSO, el Instituto Nacional de Estadística y Censos decidió anular la adjudicación a Taski.

Luego resolvió contratar directamente a dos entidades del Estado, el Instituto Geográfico Militar (IGM) y la imprenta Maxigraf (incautada al grupo Isaías), por $ 4,38 millones.

¿Cómo un sobreprecio pudo ser disimulado bajo la apariencia de un ahorro? Informes técnicos, autoridades y analistas coinciden: el precio que sirvió de referencia de la subasta –de $ 7,3 millones– estuvo inflado.

León Roldós, político y analista, sostiene que “hay un libertinaje en la fijación de los precios referenciales” y cuestiona la publicidad del Gobierno de Alianza PAIS, según la cual el sistema electrónico de contratación pública –implementado por el actual régimen– ha evitado el desperdicio de los recursos del Estado.

Según el Instituto Nacional de Compras Públicas (Incop), entre agosto del 2008 –cuando inició sus actividades– y octubre del 2009 se registró un ahorro de $ 259 millones, de los cuales $ 104 millones correspondían a subastas inversas. Al 9 de agosto pasado, el estimado llegó a $ 550 millones, según su página web.

Ese ahorro se calculó de la diferencia entre el valor referencial con el que empieza el proceso y el de adjudicación.

Roldós observa que el costo de referencia es dos y tres veces mayor al valor de mercado. De ahí que una ligera reducción aparente un ahorro.

Un alto directivo del INEC, que pidió la reserva de su nombre, lamentó que en el actual sistema de contratación se haya quitado la competencia de la Contraloría y de la Procuraduría de emitir informes favorables antes de la firma de los contratos.

El ex contralor Marcelo Merlo coincide en ese criterio, pues se perdió un mecanismo de control. Afirma que el precio referencial debe ser real, debe salir de un estudio de mercado riguroso. La diferencia entre lo ofertado y lo adjudicado no debe pasar del 20%, dice.

El secretario de Transparencia de Gestión, Juan Roldán, que investigó el caso del INEC, manifestó a los periodistas que el problema se centra en el precio referencial.

“Aparentemente, el precio referencial (para la impresión del material del Censo) estaba muy alto. Entonces cualquier empresa, por poquito que se baje, estaba ofreciendo mucho más de lo que probablemente valía”, indicó el jueves pasado.

Su conclusión en este caso se basa en análisis de costos realizados por las escuelas politécnicas del Litoral (Espol) y del Ejército (ESPE); también en cotizaciones que la Secretaría pidió a empresas privadas.

Frente a este descubrimiento, anunció Roldán, la Secretaría de Transparencia de Gestión intentará dar una “solución estructural” al problema, estableciendo mecanismos de control dentro del actual sistema de contratación para determinar si en efecto existe ahorro real para el Estado.

Procesos públicos
Subasta inversa
Existen dos clases de procesos dinámicos: la compra por catálogo y la subasta inversa electrónica. El Instituto de Compras Públicas debe seleccionar periódicamente a proveedores para firmar convenios marco y crear catálogos de bienes y servicios. Si la entidad contratante no encuentra su requerimiento en el catálogo, deberá llamar a subasta inversa electrónica.

Licitación
Si no se puede usar un proceso dinámico o el proceso es declarado desierto, se puede utilizar los mecanismos de licitación, cotización o selección de menor cuantía. Se emplea uno de ellos dependiendo del costo del contrato. La licitación se hace para los contratos más grandes. Se analizan las propuestas de los oferentes en acto público de apertura de sobres o a través del portal de Compras Públicas.

Cotización
En el proceso llamado cotización se invita a cinco oferentes escogidos aleatoriamente en el portal de Compras Públicas. Otras empresas calificadas también pueden participar. Se elige la mejor propuesta.

Adjudicación directa
En los contratos de menor cuantía, en caso de bienes y servicios, se puede adjudicar directamente. Cuando se trata de obras se invita a todos los proveedores que cumplan con los requisitos básicos; luego se realiza una selección aleatoria entre los oferentes que han aceptado la invitación y calificado su propuesta.

Subasta: Consecuencias
Investigación
El INEC detectó un “error administrativo” en la subasta que ganó Taski, a pesar de haberle adjudicado el trabajo. Luego contrató al IGM y a Maxigraf. La Contraloría ordenó una auditoría. Hay funcionarios despedidos.